Acuerdo sobre intérpretes podría tener implicaciones

Mattawa, WA - Una investigación federal que fuerza a las granjas rurales del Este de Washington a proveer traducción bilingüe podría servir como una advertencia a otras comunidades con residente de habla hispana.

En marzo, el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció que llegó al acuerdo con el pueblo de Mattawa, requiriéndole que establezca una lista de intérpretes y guías para su uso así como para asegurar que los documentos municipales vitales están traducidos al español, entre otras cosas.

El acuerdo resolvió dos quejas acusando al pueblo y a la policía de no proveer acceso a intérpretes a residentes de habla hispana que fueron víctimas de violencia doméstica.

Algunos dicen que el acuerdo, es el primero de su clase en el estado de Washington, pudo haber alcanzado grandes implicaciones para otras comunidades con poblaciones latinas en crecimiento.

“Somos muy similares a Brideport y Brewster y Mabton y otras comunidades pequeñas en el Valle Bajo de Yakima”, El Alcade de Mattawa, Judy Esser comentó. “Y será interesante cómo esas comunidades harán con ese mismo proceso”.

Mattawa se sitúa a cerca de 140 millas del sudoeste de Spokane en el Condado Grant. De acuerdo a las cifras del censo del 2000, la población de Mattawa es de 2,609 y cerca del 90 porciento es hispana. Esa misma cuenta indicó que el 83 porciento de los residentes hispanos mayores de 18 años hablan inglés menos que “muy bien”.

Parte de la Ley de Derechos Civiles apoyado en 2000 por una orden ejecutiva, da el mandato de interpretación y traducción tiene que estar disponible para personas que no son competentes en el inglés. Esto significa todos los servicios de la ciudad, incluyendo el cumplimiento de la ley, deben estar en español en lugares que tienen un alto porcentaje de hablantes de español monolingüe.

Por años, hubo la resonancia de que ese acceso no estaba disponible en Mattawa. En la reunión del 20006 de la Comisión de Asuntos Hispanos que se tuvo en el pueblo, un grupo de mujeres testificaron sobre las largas esperas y el desinterés general cuando llamaban al 9-1-1- o cuando iban con la policía local.

Una investigación sobre violencia doméstica y la queja resultante al Departamento de Justicia en 2005 provocó el acuerdo.

María Salazar, la vicepresidente regional del Noroeste de la Alianza de Ciudadanos Americanos Latinos (LULAC), cree que hay otros lugares en del este donde los hablantes de español monolingües son restringidos en sus derechos de acceso al gobierno.

“Pero no hay con frecuencia, en la comunidad hispana, defensores que puedan confiar o hablar”, comentó Salazar, la que su grupo provee apoyo y defensa en temas de justicia latina.

“Es algo que definitivamente que veríamos si alguno de eso casos nos llegaran”, expresó. “Creo que Mattawa no es la única comunidad donde tiene esta clase de situación”. Las autoridades de Mattawa esperan que el costo sea de cerca de $4,000 este año, el cual dijo Esser es injusto porque el gobierno federal no pondrá recursos para cubrirlo. Pero cree que los servicios adicionales finalmente serán buenos para el pueblo, especialmente desde la perspectiva de la aplicación de la ley.

En los últimos dos años, el Departamento de Justicia investigó las elecciones del Ayuntamiento de Sunnyside por quejas con la Ley de Derechos de Voto y en 2004 empujó al Condado de Yakima a crear votaciones bilingües.

Esas acciones, combinadas con la investigación de Mattawa, sugieren que el Departamento de Justicia está tomando interés en el Este de Washington, comentó Joaquín Ávila, un profesor de leyes que visita la Universidad de Seattle y ex presidente del Fondo mexicano-americano de defensa legal y de educación.

“Claramente, alguien está observando las cosas en el área este de Washington”, señaló Ávila. Si tuviera jurisdicción en esa área, estaría de acuerdo con eso”.