Agricultores refutan ley de inmigración

WASHINGTON - ientras los estadounidenses disfrutan de sus cenas del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day), el sector agrario de Texas y los trabajadores que les brindaron esa abundancia tienen sus fuentes llenas de preocupaciones y miedos. Muchos empleadores agrícolas estadounidenses temen que la represión de los trabajadores extranjeros indocumentados –dirigida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés)- provocará una escasez de mano de obra.

Y sus empleados están nerviosos porque el gobierno piensa realizar cambios en una ley de visas que rige sus remuneraciones, condiciones de trabajo y competencia por los puestos. Preocupaciones similares se han registrado en el último año en varios estados, entre ellos California, Arizona, Florida, Washington, Illinois, Georgia y Carolina del sur, donde las cosechas están en riesgo ante la falta de campesinos. Muchos culpan al Congreso, que se negó en junio a aprobar una ley de reforma global de la inmigración y acaba de entrar en receso sin renovar la ley de subsidios a la agricultura.

Ese proyecto de $286 mil millones también sufre la amenaza de un veto por parte del presidente George W. Bush.

La vigencia de la ley quinquenal de subsidios finalizó el 30 de septiembre (día en que terminó el año fiscal 2007), y el Congreso aprobó una medida interina para financiar los subsidios durante un tiempo.

Algunos grupos que abogan por la reducción del gasto fiscal se oponen al proyecto.

Por otra parte, con la represión de los indocumentados -programa de verificación de empleo- algunos agricultores sufren escasez de mano de obra y temen que la situación empeore, a pesar que el plan se encuentra congelado temporalmente por orden de un juez federal. El secretario del DHS, Michael Chertoff, ha apelado el fallo e insiste en poner en vigor el programa que sanciona a los empleadores que dan trabajo a los indocumentados.

Según encuestas realizadas por el Departamento de Trabajo, más de la mitad de los empleados rurales reconocen que no tienen autorización legal para trabajar en Estados Unidos.

Algunos grupos creen que la verdadera cifra es cercana al 70 por ciento.