Alto costo de plan de inmigración ilegal

Escrito el 01 May 2008
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WASHINGTON - El plan del gobierno de Washington dirigido a poner fin a la existencia de trabajadores indocumentados, podría costar a los patronos más de $1,000 millones al año, detalló un informe encargado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos y que fue dado a conocer a The Associated Press el jueves.

El estudio agrega que a los trabajadores legales el plan le costará miles de millones de dólares más en salarios perdidos.

Richard Belzer, un consultor contratado por la Cámara de Comercio para que llevara a cabo el estudio, dijo que esos costos fueron suficientes para la acción de una ley federal que exigiría al departamento de Seguridad Interna (DHS) el analizar más detalladamente los efectos de su propuesta. El DHS había propuesto la implementación de la regla de "no igualdad" que exigiría a los patrones despedir a sus empleados si se detectaban discrepancias entre su nombre y su número de Seguridad Social.

A finales de septiembre del año pasado el gobierno pretendió poner en vigor una ley que obligaría a los patronos en un plazo de 90 días dejar en claro al Seguro Social cualquier duda que exista con la identidad de un trabajador extranjero y el número asignado por la agencia.

Si no lo hace, el empleado debe ser despedido. Si no es echado y la duda persiste, el gobierno sancionará entonces con severas multas al empleador. El gobierno tenía listas a principios de octubre 140 mil cartas para enviar apenas una corte federal lo autorizara.La AFL-CIO entidad acudió a la justicia para que el DHS cancele el programa de “no igualdad” porque su ejecución amenaza con violar los derechos de los trabajadores y afectar de manera injusta a sus empleadores.

En un dictamen emitido en septiembre, la jueza federal Maxine Chesney concedió una orden temporal a favor de los demandantes en la que prohibió la emisión de las notificaciones de no concordancia que planeaba enviar la Administración del Seguro Social.

Chesney subrayó que la corte necesita "espacio" antes de tomar cualquier decisión sobre la legalidad de las nuevas sanciones encaminadas a detener la contratación de indocumentados.

En la demanda, la AFL-CIO argumentó que un incremento en el escrutinio de los números de la Seguridad Social derivará en errores y pondrá en riesgo los empleos de los trabajadores que se encuentran legalmente en el país.

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