Caen las Primeras Demandas Contra La Nueva Ley de Arizona

Escrito el 13 May 2010
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CIUDAD DE MÉXICO - Aunque aún no entra en vigor, ya comenzaron a presentarse las primeras demandas de mexicanos en contra de la ley de Arizona que criminaliza inmigrantes, informó el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Julián Ventura.

"Hay aproximadamente tres demandas individuales y dos de organizaciones de defensa de derechos civiles, pero repito, es un proceso muy dinámico... Día con día se están generando manifestaciones de preocupación en el ámbito jurídico", señaló el funcionario de la cancillería.

Ventura dijo que estas demandas son la parte preliminar de una batalla jurídica que se anticipa compleja, pero que tiene el objetivo de que la Ley SB1070 no entre en vigor.

"Estamos siguiendo de cerca los múltiples, múltiples procesos legales que se estarán iniciando por parte de organizaciones civiles en Estados Unidos... Creo que será un proceso muy complejo y que deberá llevar a una definición en su momento si esta ley entra en vigor en Arizona", comentó el subsecretario para América del Norte.

Aseguró que no se ha presentado una deportación de inmigrantes mexicanos desde Arizona ni se han concretado las amenazas de un sheriff que dijo que deportaría ilegales aunque la ley no haya entrado en vigor. "No se ha dado ninguna acción en el marco de la legislación adoptada por Arizona... Lo que hemos detectado es un incremento en el volumen de consultas a la red consular en Arizona sobre los alcances e implicaciones de esta ley", afirmó Julián Ventura.

El subsecretario fue entrevistado luego de inaugurar el Coloquio América del Norte en el Siglo XXI organizado por la Asociación de Agentes Aduanales del Aeropuerto de México y la UNAM.

Si es aprobado por el concejo, el boicot requeriría la firma del alcalde Antonio Villaraigosa, que ya ha expresado su apoyo.

La ley de Arizona criminaliza que inmigrantes ilegales estén en el estado y requiere que la policía durante la investigación de un delito revise el estatus de inmigración de una persona si tiene sospechas razonables de que la persona está sin papeles en el país.

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