Castigo a empleadores de inmigrantes ilegales
Los promotores de la iniciativa dicen que es necesaria porque el gobierno federal no ha aplicado las leyes vigentes que prohiben la contratación laboral de los inmigrantes indocumentados a sabiendas de su situación ilegal.
"La población está cansada de esperar", dijo el representante republicano Russell Pearce, principal promotor del proyecto. "El problema es que cada vez que no hacemos algo al respecto, Arizona sale perdiendo. Estamos perjudicando a los comercios honestos", agregó.
La violación inicial de la eventual ley sería castigada con libertad provisional por tres años, la obligación de presentar reportes trimestrales sobre contrataciones y la posible suspensión de sus licencias de operación hasta por 10 días. A los negocios reincidentes se les revocaría la licencia en definitiva. Las suspensiones bastarían para arruinar a los comercios, indicaron legisladores.
Críticos de la propuesta
Críticos de la propuesta dijeron que temían que la prohibición afectara negativamente el clima de negocios en el estado. Por ejemplo, cientos o inclusive miles de estadounidenses podrían perder sus trabajos si se cierran negocios por las sanciones impuestas como resultado de las acciones de un director "granuja" de recursos humanos que pudiera contratar a inmigrantes ilegales, dijo la senadora republicana Barbara Leff.