Comienza juicio por status de inmigrantes

SCRANTON, Pensilvania, Los gobernantes de una población en Pennsylvania que han aplicado medidas en contra de la inmigración ilegal se presentaron el lunes ante los tribunales para defender sus prácticas controversiales, mientras un juez en Misurí falló que reglamentos similares en un suburbio de San Luis atentan contra las leyes estatales.

Los reglamentos aprobados en Valley Park, Misurí, son casi exactamente iguales que los de Hazleton, Pennsylvania, que imponen multas a los caseros que rentan residencias a indocumentados y les niega los permisos de operación a las empresas que les dan trabajo. Otra medida obliga a quienes rentan vivienda el registrarse ante la alcaldía.

Decenas de ciudades y poblados en todo el país han seguido el ejemplo de Hazleton, cuyos abogados presentaron el lunes sus argumentos iniciales ante una demanda presentada por activistas latinoamericanos y la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, por sus siglas en inglés).

La demanda señala que la ciudad usurpa de manera anticonstitucional las atribuciones del gobierno federal.

"Este es el día que hemos esperado tanto tiempo", dijo el alcalde Lou Barletta ante la corte federal en Scranton, al norte de Hazleton. "Las ciudades pequeñas ya no pueden esperar a que el gobierno federal intervenga".

En sus alegatos iniciales, un abogado dijo al juez que no hay evidencias que sustenten las afirmaciones del alcalde de Hazleton sobre que los indocumentados han destruido la calidad de vida de la ciudad.

"Inclusive si los inmigrantes ilegales están causando problemas en Hazleton, eso no altera el análisis legal" de que la represión contra los indocumentados usurpa el papel del gobierno federal, señaló Witold Walczak, director legal en Pennsylvania de la ACLU. Las leyes de Hazleton fueron propuestas tras registrarse varios delitos que implicaron a inmigrantes ilegales. Dos indocumentados de República Dominicana fueron acusados en mayo del 2006 de matar a tiros a una mujer de 29 años, mientras un muchacho de 14 años fue detenido por disparar con una pistola en un patio de recreo.

En documentos judiciales, la ciudad de Hazleton dijo que al menos 47 delitos son imputados a indocumentados desde mediados del año pasado, lo cual ha obligado a gastar una gran parte del presupuesto de tiempo extra de la policía citadina. Un tercio de los detenidos por drogas en el 2005 fueron inmigrantes ilegales, aseguraron las autoridades. En respuesta al argumento de la ACLU, Kobach dijo que el Congreso ha señalado claramente su intento de que estados y municipios puedan ayudar al gobierno federal a hacer cumplir las disposiciones de la ley de inmigración.

En Estados Unidos viven alrededor de 12 millones de inmigrantes ilegales. Hasta ahora, algunas decenas de localidades han tomado acciones para tratar de limitar su número, como el planteamiento de medidas para hacer del inglés el idioma oficial y la colaboración con las autoridades de inmigración para reportar a los residentes ilegales.