Detención de Inmigrantes es un Negocio

Taylor, Texas - Para el público en general, el centro de detención T. Don Hutto es descrito como una "residencia familiar", tal cual reza un letrero en la entrada de las instalaciones; pero esta imagen contrasta con la fachada del edificio: muros altos sin puertas ni ventanas; tres vallas de reja de metal; malla ciclónica con puntas de navaja y un equipo de vigilancia que impide acercarse siquiera a la acera exterior.

Este centro, ubicado en Taylor, Texas, y en el que se encuentran detenidos inmigrantes indocumentados en espera de ser deportados, ha sido motivo de polémica desde mayo de 2006, cuando abrió sus puertas gracias a un contrato tripartita en el que participan la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), el condado de Williamson, en donde se ubica el centro, y la empresa Correction Corporations of America (CCA).

CCA, la corporación de administración de prisiones privadas más antigua y la que administra el mayor número de ellas en Estados Unidos, ha gozado de un beneficio económico sobresaliente durante los últimos años, al igual que algunas otras empresas similares.

De acuerdo con Tom Barry, director del Proyecto Transfronterizo del Centro de Política Internacional en Washington, D.C., "los inmigrantes se encuentran detrás de una de las industrias más lucrativas y con mayor crecimiento en Estados Unidos", y una prueba es la propia CCA: el promedio de ingresos mensuales generados para la empresa tan sólo por el centro Hutto es de 2.8 millones de dólares, y tan solo durante el tercer cuatrimestre del último año sus ganancias se incrementaron en 15%. Barry estima que el 40% de estos ingresos proviene de la administración de los centros de detención de inmigrantes.

En un artículo titulado "Los inmigrantes, bienvenidos a las cárceles de Estados Unidos", Barry asegura que además del pago que se le otorga a las empresas administradores, existen cuotas diarias que perciben los condados en donde se ubican los centros de detención privados, que ayudan a cubrir el déficit presupuestal y otros gastos.

La mayoría de estos centros se ubican al suroeste del país.Debido a que a finales de enero de 2009 el contrato tripartita deberá ser renovado, ha renacido la polémica generada hace un par de años, cuando la presión fue tal, que las autoridades del centro se vieron obligadas a dejar pasar a un grupo de activistas y periodistas a constatar las condiciones en las que opera el lugar.