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Drama de una familia mexicana separada
Escrito el 29 May 2007
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3 millones de niños
Por ahora, estos niños estadounidenses están tratando de olvidarse de la dolorosa decisión que tienen que tomar para fines del verano: permanecer con sus padres en este pueblo donde se bañan en un canal y usan un retrete rústico fuera de la casa, o regresar solos a algunas de las mejores escuelas de Estados Unidos en Palo Alto, California.
Decenas de miles de familias encaran alternativas similares, y aun más podrían enfrentarlas si el Congreso nacional lleva adelante una reestructuración de las leyes inmigratorias. Unos 3 millones de niños nacidos en Estados Unidos tienen al menos un padre o madre que vive ilegalmente en el país, según el Centro Hispánico Pew, y desde el 2004, el gobierno ha estado deportando a inmigrantes ilegales a un ritmo récord.
El senado nacional estadounidense debe empezar a debatir el lunes un proyecto amplio que permitirá una ruta a la ciudadanía para los 12 millones de inmigrantes que están en el país ilegalmente.
El proyecto mermaría la importancia de los vínculos familiares, limitando las visas para padres de ciudadanos estadounidenses a 40 mil por año y modificando un sistema de preferencias que durante cuatro décadas ha favorecido tales lazos.
Cambian las reglas
Pedro Ramírez, de 38 años, confiaba en ese sistema para que le diesen a él y a su esposa la posibilidad de hacerse ciudadanos en cuanto su hijo mayor cumpliera los 18 en poco más de dos años.
Ahora ya no está tan seguro: la nueva propuesta legislativa pondría más énfasis en las habilidades y educación del inmigrante potencial, y por otra parte su deportación lo descartaría de todos modos.
Ramírez nunca fue a la escuela. A los 16 años logró filtrarse por la frontera y aprendió inglés mientras iba ascendiendo de un trabajo en una fábrica con salario mínimo a supervisor nocturno en un supermercado de Albertson.
Su promoción -y el salto en salario de 6 a 16 dólares la hora- le permitió trasladar a su familia de los barrios duros de East Palo Alto al más tranquilo suburbio de Palo Alto, sede de la Universidad de Stanford.
El y su esposa solicitaron la residencia, pero se las negaron después que su abogado fue inhabilitado profesionalmente. Las autoridades de inmigración dijeron que aquéllos evadieron las convocatorias para comparecer ante la justicia.
