El Seguro Social va a la ‘bancarrota’

WASHINGTON, DC - El sistema de pensiones en Estados Unidos "se encamina a la bancarrota" y no podrá pagar el retiro a las siguientes generaciones de trabajadores, según el presidente George W. Bush.

En su alocución semanal por radio, Bush abundó en lo que ya ha anunciado que será una de sus grandes propuestas políticas en su segundo mandato, la reforma de la Seguridad Social. El presidente propone la puesta en marcha de un plan para que los trabajadores más jóvenes puedan desviar parte de lo que cotizan a cuentas de inversión privadas, que serán las que rindan la mayor parte del dinero para su jubilación.

Bush aseguró que "si no actuamos ahora, el Gobierno acabará con dos opciones: o reducir de manera drástica las prestaciones (de la Seguridad Social) o imponer un aumento impositivo tremendo y económicamente ruinoso". "Legar a nuestros hijos un problema así sería una traición generacional", afirmó el presidente.

En tan sólo trece años, explicó, si no se acomete una reforma el sistema empezará a desembolsar más dinero para cubrir las prestaciones que el que reciba en impuestos. "La diferencia irá creciendo cada vez más, hasta 2042, cuando todo el sistema quede en bancarrota", en un agujero que se calcula en torno a los 10.4 billones de dólares.

Según recordó el presidente, esa cifra "es casi el doble de el total de los salarios de los trabajadores estadounidenses en 2004".

A principios de esta semana, el presidente indicó que quiere que el Congreso apruebe para antes de finales de mayo una serie de reformas en el sistema, aunque no ofreció detalles acerca de qué medidas exactamente quiere proponer o cómo piensa financiarlas.

En la actualidad, un trabajador estadounidense destina el 6,2 por ciento de su salario bruto a cotizar a la Seguridad Social.

Funcionarios del Gobierno han apuntado que una de las posibilidades que se contemplan es permitir que el ciudadano pueda destinar hasta dos tercios de ese dinero a cuentas de inversión, con un posible límite anual de 1,000 a 1,300 dólares.

La oposición demócrata ha denunciado que la puesta en marcha de este modelo podría costar al fisco hasta 2 billones de dólares en la primera década del programa.

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