Imagen de Peña Nieto se Desploma

Ciudad de México - La desaprobación de Enrique Peña Nieto acaba de alcanzar niveles históricos en México, en medio de los choques de su Gobierno con la CIDH por los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala y el estancamiento del crecimiento económico por la crisis petrolera.
En el cuarto año de los seis que tiene de mandato (2012-2018) y después de un inicio fulgurante gracias a su presumido plan de reformas estructurales, que le valió la famosa portada de la revista Time con el título "Saving Mexico" (Salvando a México), Peña Nieto es desaprobado por el 66 % de sus compatriotas. Así lo refleja una encuesta difundida el pasado martes por el diario Reforma.
El sondeo sitúa ese dato como el más alto jamás registrado contra un mandatario desde 1995, frente al 30 % de ciudadanos que aprueban su Administración, 9 puntos porcentuales menos que en la anterior encuesta, publicada en diciembre, y el 4 % que no se pronuncia.
Desde abril de 2013, la aprobación del presidente ha caído del 50 % al 30 %, un mínimo histórico no solo para su gestión, sino en comparación con los tres mandatarios anteriores.
Este año comenzó con un golpe de efecto para su Gobierno con la captura en enero de Joaquín "el Chapo" Guzmán, fugado seis meses antes de un penal de máxima seguridad.
Pero el melodrama derivado de la revelación de que el capo de las drogas entró en contacto con el actor estadounidense Sean Penn y la actriz mexicana Kate del Castillo para hacer una entrevista periodística y una película enmarañó la historia y pareció restar importancia a la detención en sí, un éxito gubernamental.
Además, en las últimas semanas las diferencias entre el Ejecutivo mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en torno a la investigación del caso de los 43 estudiantes normalistas (de magisterio) de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala (Guerrero, sur), se tensaron de tal forma que han terminado en una confrontación cuyas consecuencias para Peña Nieto son impredecibles.
En medio de las versiones encontradas del Gobierno y la CIDH sobre el destino de aquellos jóvenes, una denuncia de una ONG mexicana contra el secretario ejecutivo del organismo, Emilio Álvarez Icaza, acabó de ensombrecer una relación tirante desde el principio. Álvarez Icaza fue acusado de fraude en perjuicio del Estado mexicano, un delito supuestamente vinculado con la misión de la CIDH que investiga el caso.
Aunque la Fiscalía General de México decidió la semana pasada no ejercer acción penal contra el funcionario internacional, no pudo evitar que días antes Álvarez Icaza denunciara que el país está entrando "en una regresión autoritaria".
"Solo el hecho de procesar esa denuncia es un ataque", consideró el secretario ejecutivo de la CIDH, según el cual no había un precedente parecido "ni en el Perú de (Alberto) Fujimori, ni en la Venezuela de (Hugo) Chávez".
Tanto fue el cántaro a la fuente que el miércoles se hizo pública la decisión del Gobierno de Peña Nieto de no renovar el acuerdo con la Comisión para que sus expertos sigan investigando en México el caso de Ayotzinapa, que fenece el 1 de mayo.
Para mayor inri, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) mexicana divulgó este jueves una nueva hipótesis sobre la desaparición de los jóvenes que implicaría a dos miembros de la Policía federal (que depende del Gobierno nacional), cuando hasta ahora se creía que solamente habían participado en ella agentes municipales corruptos.
Al drama de los 43 estudiantes, que dura ya más de un año y medio, se suma una situación económica que, si bien está lejos de ser tan complicada como la del otro gigante latinoamericano, Brasil, en una profunda recesión, es vista con desencanto, especialmente por las expectativas creadas previamente por el propio mandatario mexicano.

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