Inmigrantes en EEUU sufren

a diario consecuencias del 11-S.

WASHINGTON - A cinco años de los atentados del 11-S, el Gobierno de Washington ha reestructurado e incrementado todos los controles migratorios hasta convertir en una pesadilla el ingreso en EEUU, pero muchos dudan de su eficacia contra el terrorismo.

La lucha global contra el terrorismo que arrancó en EEUU tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, en los que murieron unas 3.000 personas, desató también en este país una "guerra cultural" sin precedentes en la que, para los conservadores más acérrimos, los inmigrantes son sinónimo de terroristas.

Así, en aras de la seguridad nacional, el Gobierno estadounidense ha incrementado la vigilancia y las restricciones para los visados de quienes entran en el país como estudiantes, académicos, turistas o empresarios.

Poco después de los atentados, la Casa Blanca obligó a unos 80.000 inmigrantes, la mayoría de países árabes y musulmanes, a registrarse ante las autoridades migratorias. De esos, 14.000 fueron deportados.

Esa medida fue suspendida, pero otras, incluso más extremas, tomaron su lugar.

El Departamento de Justicia ha emitido una "hoja de datos" en la que destaca sus logros antiterroristas, mediante nuevos medios policiales, entre ellos la llamada "Ley Patriota".

La "Ley Patriota", renovada por el Congreso tras un agitado debate, convirtió a EEUU en una verdadera fortaleza al imponer mayores restricciones para la emisión de visados, un sistema de rastreo computerizado de los estudiantes extranjeros conocido como "SEVIS" y una mayor vigilancia en los puertos de entrada.

Esa ley ha tenido un impacto cultural y económico, por ejemplo, en los recintos universitarios de EEUU.

Según la Alianza para el Intercambio Cultural y Educacional (AIECE), el número de visados para estudiantes se redujo un 27 por ciento de 2001 a 2003 (293.357 y 214.331, respectivamente).

La frontera sur se ha convertido en la "zona cero" de la lucha antiterrorista, y, escuchando a quienes exigen un mayor combate a la inmigración ilegal, EEUU también envió a esa zona a 6.000 soldados de la Guardia Nacional que en los próximos dos años complementarán las tareas de la Patrulla Fronteriza.

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