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Ley antiimigrante confirmada por corte
Escrito el 22 Aug 2005
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WASHINGTON - Un tribunal federal de apelaciones se negó a bloquear la aplicación de parte de una ley en Arizona que niega la concesión de beneficios públicos a los inmigrantes ilegales, alegando que los demandantes no tienen derecho de plantear un juicio.
Los votantes de Arizona aprobaron una ley en noviembre que impide que los inmigrantes ilegales reciban ciertos beneficios públicos y estipula que los empleados público cometen delito si no denuncian a los inmigrantes indocumentados que soliciten beneficios. El Fondo Educativo y de Defensa Legal Mexicano-Estadounidense alega que la ley es inconstitucional sobre la base de que usurpa poder al gobierno federal sobre asuntos de inmigración y nacionalización.
Otra disposición, que no fue alterada, obliga a las personas a mostrar prueba de ciudadanía cuando se inscriben para votar.
Los demandantes habían pedido al tribunal de apelaciones a que dé un fallo sobre la decisión del juez federal David Bury, que según dijeron había excedido sus límites de prudencia al negarse dictar una orden judicial que dejara sin efecto la ley hasta después que se realice un juicio que determine su constitucionalidad.
El tribunal negó su pedido, alegando que los demandantes no habían logrado demostrar que la ley les perjudicaba.
Los defensores de la ley señalan que es necesaria porque Arizona, el punto de ingreso más frecuentado en la frontera con México, gasta millones de dólares anualmente en brindar alimentos gratuitos, servicios de protección y otros beneficios sociales a inmigrantes ilegales.
Los votantes de Arizona aprobaron una ley en noviembre que impide que los inmigrantes ilegales reciban ciertos beneficios públicos y estipula que los empleados público cometen delito si no denuncian a los inmigrantes indocumentados que soliciten beneficios. El Fondo Educativo y de Defensa Legal Mexicano-Estadounidense alega que la ley es inconstitucional sobre la base de que usurpa poder al gobierno federal sobre asuntos de inmigración y nacionalización.
Otra disposición, que no fue alterada, obliga a las personas a mostrar prueba de ciudadanía cuando se inscriben para votar.
Los demandantes habían pedido al tribunal de apelaciones a que dé un fallo sobre la decisión del juez federal David Bury, que según dijeron había excedido sus límites de prudencia al negarse dictar una orden judicial que dejara sin efecto la ley hasta después que se realice un juicio que determine su constitucionalidad.
El tribunal negó su pedido, alegando que los demandantes no habían logrado demostrar que la ley les perjudicaba.
Los defensores de la ley señalan que es necesaria porque Arizona, el punto de ingreso más frecuentado en la frontera con México, gasta millones de dólares anualmente en brindar alimentos gratuitos, servicios de protección y otros beneficios sociales a inmigrantes ilegales.
