Más Cerca, la Ley Contra Deportaciones

La última revisión legislativa sería el próximo viernes, antes de que el gobernador Jerry Brown la refrende o rechace.

San Diego - La primera ley estatal que impone límites al programa nacional de deportaciones pasó a una última revisión legislativa antes de entregarla al gobernador de California, Jerry Brown, para que la refrende, indicó hoy un comunicado de la legislatura estatal.
La ley Acta de la Confianza, o AB 1081 de California, tendrá una última revisión, en principio el próximo viernes 3, en la Asamblea o Cámara baja, donde ya fue aprobada, lo mismo que en el Senado estatal.
El gobernador Jerry Brown tendría lo que resta de agosto para refrendarla o rechazarla, o por protocolo la ley podría ser automáticamente aprobada el 1 de septiembre.
La AB 1081 del asambleísta Tom Amianno restablecería su sentido original al programa Comunidades Seguras, del Departamento de Seguridad Interior (HSD), que junto con las redadas ha deportado a un millón y medio de personas en lo que va del gobierno de Barack Obama. Comunidades Seguras recibe automáticamente huellas digitales y otras informaciones de toda persona que es detenida por cualquier razón, incluso por infracciones de tránsito, y con esa información los agentes de inmigración detienen y deportan tanto a indocumentados como a residentes legales.
Con la AB 1081, los policías de 205 ciudades y alguaciles de 58 condados de California entregarían a autoridades de migración exclusivamente a indocumentados peligrosos y con antecedentes penales serios. La propuesta podría ser aprobada antes de que en 2013 el HSD imponga como obligatorio el programa Comunidades Seguras.
Otros estados esperan que California decida sobre esa ley para presentar sus propias versiones del Acta de la Confianza.
La Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (Aclu) informó hoy que la AB 1081 establece límites claros al programa Comunidades Seguras y hace que las autoridades se enfoquen en delincuentes peligrosos, no en inmigrantes latinos y de otras minorías. En su texto, la iniciativa dice que el programa Comunidades Seguras no debiera imponerse porque no es una ley sino un programa.

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