NUEVA YORK – Ocho grupos de defensa de inmigrantes se han sumado a los esfuerzos legales para respaldar las normativas del presidente Barack Obama sobre inmigración, frente a 25 estados del país que se oponen a ellas.
Los grupos enviaron esta semana a la corte federal de Brownsville, en Texas, una carta de apoyo a las medidas de alivio migratorio anunciadas el mes pasado por el mandatario y que se cree podrían beneficiar a entre cuatro y cinco millones de inmigrantes que viven ilegalmente en el país.
Las medidas ofrecen protección temporal ante la deportación y la obtención de permisos de trabajo. En la corte federal de Texas 25 estados del país han interpuesto una demanda para bloquear las acciones ejecutivas, asegurando que Obama violó sus obligaciones constitucionales cuando las aprobó y que éstas perjudicarán las economías estatales. Algunos de los estados son Texas, Alabama, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas y Louisiana.
Grupos como el Consejo Estadounidense de Inmigración (“The American Immigration Council”) o la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración enviaron esta semana a la corte la carta de apoyo o “amicus curiae”, un escrito presentado por terceras partes, sin solicitación de las partes litigantes, que tiene el objetivo de ayudar a un tribunal a tomar una decisión en un determinado caso.
La carta asegura que el alivio migratorio mejoraría la economía del país porque aumentaría las recaudaciones fiscales y crearía nuevos puestos de trabajo. También incluye una lista de inmigrantes no autorizados que se beneficiarían de las medidas.
“Debido a que los inmigrantes sin autorización buscan empleos que minimicen su riesgo a ser identificados y deportados, a menudo no trabajan en puestos que encajan bien con sus habilidades”, señaló el documento. “Hacer que sean elegibles para acogerse a estas medidas y obtener un permiso de trabajo les permitiría gozar de una mayor libertad ocupacional”, agregó. Obama anunció el 20 de noviembre medidas para proteger de la deportación a padres que llevan más de cinco años en Estados Unidos y que tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes.
Por otro lado, el presidente también amplió un programa existente que protege de la deportación a jóvenes que fueron traídos al país ilegalmente cuando eran niños. Legisladores republicanos conservadores han expresado su fuerte oposición a las medidas.
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