Preocupan limitaciones del Real ID

WASHINGTON - na ley antiterrorismo que exige la creación de un estándar nacional para las licencias de manejo antes de 2008 no sólo está molestando a los defensores de libertades civiles y de los derechos de inmigración, sino también a los gobiernos estatales.

Funcionarios de las oficinas estatales de control vehicular de todo el país, quienes tendrán que implementar la Ley de Identificación Real (Real ID Act), dicen que los autores de la misma desdeñaron tremendamente las demandas logísticas, tecnológicas y financieras de la medida.

En una amplia encuesta obtenida por la agencia de noticias AP y entrevistas subsiguientes, funcionarios emitieron sus dudas sobre la capacidad de los estados para cumplir la ley a tiempo, así como su preocupación sobre el impacto en el presupuesto.

"Es simplemente imposible y poco realista cumplir para el 2008 las provisiones prescritas en la ley", dijo en una entrevista Betty Serian, una subsecretaria del Departamento de Transporte de Pensilvania.

El director de control vehicular de Nebraska dijo en relación con la encuesta de la Asociación Estadounidense de Administradores de Automotores que, para cumplir con la ley de identificación real, su estado "quizá deba considerar medidas extremas y posiblemente una reorganización completa".

Una nueva provisión sobre el intercambio de registros contemplada en la ley fue descrita por un funcionario de Illinois como "una pesadilla para todos los estados".

"¿Nos podemos ir ya a casa?", escribió el funcionario en la encuesta.

Los estados utilizan una amplia variedad de sistemas y estándares para proporcionar licencias de manejo y tarjetas de identificación. En algunos casos, un anuario escolar puede ser suficiente para probar la identidad.

Una meta importante de la Ley de Identificación Real -motivada por los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, cuyos perpetradores tenían licencias de conducir legítimas- es unificar los reglamentos dispares para proporcionar licencias y dificultar más la obtención fraudulenta de éstas.

La ley también exige que los estados vinculen sus sistemas de conservación de registros a bases de datos nacionales para detectar la duplicación de solicitudes, atrapar a inmigrantes ilegales y compartir antecedentes de manejo.

Las licencias estatales que no cumplan la norma no podrán ser utilizadas para abordar un avión o ingresar a un edificio federal.

La ley, que fue adosada a una medida de financiamiento para la guerra de Irak en mayo pasado, ha sido criticada por defensores de los derechos civiles que afirman creará una tarjeta de identificación nacional de facto y nuevas bases de datos centralizadas, inhibiendo la privacidad.

Organizaciones estatales como la Asociación de Gobernadores también se han pronunciado en contra de la ley. Muchos estados tendrán que modificar sus leyes para poder cumplirla.

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