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Presentarán demanda ante Corte Estatal
Escrito el 13 Jan 2005
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DES MOINES(Iowa), EFE - Un abogado presentará una demanda ante la Corte Suprema estatal, por el caso de una pareja de mexicanos indocumentados que fue multada por el monto "inaceptable" de 1.000 dólares en el año 2003.
Curt Daniels, abogado residente en la pequeña localidad de Chariton (unos 85 km al sur de Des Moines) indicó a la prensa local que el próximo 13 de enero presentará el caso de "Juan y María Sánchez" ante de los altos magistrados estatales, asegurando además que el estado debería permitir que los "Sánchez" soliciten y reciban licencias de conducir válidas.
Daniels aclaró que "Sánchez" es un pseudónimo y que no revelaría la verdadera identidad de la pareja, aunque agregó que se trata de personas de poco más de 30 años, que llegaron a Estados Unidos hace cinco años, y que tienen hijos en edad escolar. El hombre trabaja para una empresa industrial, y la mujer antes trabajaba en la cafetería de una escuela.
Todo comenzó cuando en el verano del 2003 Daniels se enteró de que los "Sánchez" habían sido multados por más de mil dólares en un fin de semana por conducir sin una licencia válida. Daniels consideró que la situación era "inaceptable" y que las multas fueron aplicadas a propósito, por la situación inmigratoria de la pareja.
En noviembre del 2003, Daniels presentó una demanda judicial a favor de sus representados ante el juez de distrito Joel Novak, del Condado Polk. La demanda decía que el procurador general de justicia, el director del departamento de transporte, y el director de seguridad pública de Iowa deberían reconocer que se les estaba privando a los inmigrantes ilegales "la posibilidad de tener protección equitativa ante la ley".
Además, según Daniels, pedir el número de seguro social para obtener la licencia de conducir era algo "inconstitucional y totalmente innecesario". El 23 de enero del 2004 el juez Novak rechazó la demanda y dijo en su fallo que "las personas sin número de seguro social (legítimo) no tienen derechos inherentes a conducir vehículos motorizados por las rutas de Iowa".
"Los demandantes no tienen ningún derecho fundamental a poseer una licencia de conducir. Por el contrario, operar un vehículo motorizado es un privilegio que tiene sus limitaciones", expresó el juez Novak en su veredicto.
Novak también rechazó la idea de que la demanda, de resolverse a favor de la pareja mexicana, mejoraría la seguridad en las carreteras. El magistrado reconoció la preocupación y el peligro causados por conductores sin licencia y sin seguro, y dijo que "eso no les da derecho legal a los ciudadanos para presentar un demanda buscando una acción por parte de la corte".
Daniels apeló el caso, esta vez sobre la base de que negarles las licencias a los indocumentados va en contra de los mandatos estatales y federales de proveer servicios a los inmigrantes sin papeles siempre que "sea para el beneficio del público en general".
Por ejemplo, dijo, los hijos de indocumentados pueden asistir a clases en las escuelas públicas, e incluso pueden participar en los programas de ayuda para las comidas. Y para enrolarse en las fuerzas armadas no se necesita estar legalmente en el país.
Daniels reconoció que sus argumentos probablemente no tendrán el efecto que él quisiera sobre la Corte Suprema, de quien se espera un fallo definitivo hacia mediados de este año.
No es la primera vez que este abogado se presenta ante el máximo tribunal estatal. En abril del 2003, Daniels representó a la Corporación Indian Creek (productora de comidas para animales), argumentando que el estado no podía apropiarse de tierras de esta empresa, ya que no existían razones de contaminación ambiental o de molestias para el público que legitimasen la expropiación. En diciembre del 2003, la corte rechazó el caso.
Curt Daniels, abogado residente en la pequeña localidad de Chariton (unos 85 km al sur de Des Moines) indicó a la prensa local que el próximo 13 de enero presentará el caso de "Juan y María Sánchez" ante de los altos magistrados estatales, asegurando además que el estado debería permitir que los "Sánchez" soliciten y reciban licencias de conducir válidas.
Daniels aclaró que "Sánchez" es un pseudónimo y que no revelaría la verdadera identidad de la pareja, aunque agregó que se trata de personas de poco más de 30 años, que llegaron a Estados Unidos hace cinco años, y que tienen hijos en edad escolar. El hombre trabaja para una empresa industrial, y la mujer antes trabajaba en la cafetería de una escuela.
Todo comenzó cuando en el verano del 2003 Daniels se enteró de que los "Sánchez" habían sido multados por más de mil dólares en un fin de semana por conducir sin una licencia válida. Daniels consideró que la situación era "inaceptable" y que las multas fueron aplicadas a propósito, por la situación inmigratoria de la pareja.
En noviembre del 2003, Daniels presentó una demanda judicial a favor de sus representados ante el juez de distrito Joel Novak, del Condado Polk. La demanda decía que el procurador general de justicia, el director del departamento de transporte, y el director de seguridad pública de Iowa deberían reconocer que se les estaba privando a los inmigrantes ilegales "la posibilidad de tener protección equitativa ante la ley".
Además, según Daniels, pedir el número de seguro social para obtener la licencia de conducir era algo "inconstitucional y totalmente innecesario". El 23 de enero del 2004 el juez Novak rechazó la demanda y dijo en su fallo que "las personas sin número de seguro social (legítimo) no tienen derechos inherentes a conducir vehículos motorizados por las rutas de Iowa".
"Los demandantes no tienen ningún derecho fundamental a poseer una licencia de conducir. Por el contrario, operar un vehículo motorizado es un privilegio que tiene sus limitaciones", expresó el juez Novak en su veredicto.
Novak también rechazó la idea de que la demanda, de resolverse a favor de la pareja mexicana, mejoraría la seguridad en las carreteras. El magistrado reconoció la preocupación y el peligro causados por conductores sin licencia y sin seguro, y dijo que "eso no les da derecho legal a los ciudadanos para presentar un demanda buscando una acción por parte de la corte".
Daniels apeló el caso, esta vez sobre la base de que negarles las licencias a los indocumentados va en contra de los mandatos estatales y federales de proveer servicios a los inmigrantes sin papeles siempre que "sea para el beneficio del público en general".
Por ejemplo, dijo, los hijos de indocumentados pueden asistir a clases en las escuelas públicas, e incluso pueden participar en los programas de ayuda para las comidas. Y para enrolarse en las fuerzas armadas no se necesita estar legalmente en el país.
Daniels reconoció que sus argumentos probablemente no tendrán el efecto que él quisiera sobre la Corte Suprema, de quien se espera un fallo definitivo hacia mediados de este año.
No es la primera vez que este abogado se presenta ante el máximo tribunal estatal. En abril del 2003, Daniels representó a la Corporación Indian Creek (productora de comidas para animales), argumentando que el estado no podía apropiarse de tierras de esta empresa, ya que no existían razones de contaminación ambiental o de molestias para el público que legitimasen la expropiación. En diciembre del 2003, la corte rechazó el caso.
