MEXICO –
Fernandito tenía cinco años y fue víctima de un sistema fallido en México: la pobreza, la violencia y la falta de atención de las autoridades. Su madre declaró que pidió ayuda en varias ocasiones para recuperar al menor, pero fue ignorada; cuando encontraron su cuerpo tenía cuatro días muerto. Todo por una deuda de 54 dólares.
Carlos, Lilia y Ana Lilia, tres miembros de una familia del municipio de Los Reyes La Paz, en el Estado de México, fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el secuestro y homicidio de Fernando, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en el domicilio de los acusados, informaron autoridades judiciales y la Fiscalía del Estado de México.
De acuerdo con la investigación, Ana Lilia y Lilia acudieron al domicilio de la madre del menor para exigir el pago de una deuda de 1,000 pesos mexicanos (54 dólares aproximadamente). Al no recibir el dinero, habrían amenazado con llevarse al niño “hasta que pagara”, lo cual concretaron con el apoyo de Carlos quien las esperaba afuera.
La madre de Fernando, soltera y con discapacidad del habla, intentó recuperar a su hijo en al menos 3 ocasiones posteriores, pero fue rechazada con excusas. Le aseguraron que el niño estaba con su padre, y un día después le dijeron que estaba con su abuela. Ambas versiones fueron falsas.
Tras denunciar formalmente la desaparición, agentes municipales e investigadores ingresaron al domicilio de los acusados y encontraron el cuerpo sin vida del menor, aparentemente oculto. El cadáver presentaba signos de descomposición. El dictamen forense concluyó que murió a causa de un traumatismo craneoencefálico severo.
Durante la audiencia inicial, una de las acusadas declaró que Fernando sufrió varias caídas mientras estaba bajo su cuidado y, aunque fue atendido por un médico, falleció horas después.
La Fiscalía del Estado de México solicitó y obtuvo nuevas órdenes de aprehensión por el delito de secuestro que causa la muerte, el cual puede ser sancionado con hasta 140 años de prisión. Los imputados también enfrentan otro proceso por desaparición forzada, penado con hasta 20 años de cárcel.
