TRI=CITIES, WA. – El martes, un jurado de seis personas declaró inocente a un hombre de Kennewick de acosar a la hija de una legisladora del estado de Washington.
El veredicto se emitió tras un juicio de dos días en el Tribunal de Distrito del condado de Franklin, en el que prestaron testimonio varios funcionarios públicos, incluida la propia senadora estatal Nikki Torres.

El caso también puso en tela de juicio los límites de las leyes de Washington sobre impugnaciones al registro de votantes, las cuales permiten al público cuestionar la elegibilidad de los candidatos que aspiran a un cargo público. El jurado emitió un veredicto de «no culpable» respecto a un cargo de acoso —clasificado como un delito menor grave— tras unas dos horas de deliberación. Para dictar un veredicto de culpabilidad, era necesario demostrar más allá de toda duda razonable que se cumplían seis elementos específicos de la legislación de Washington sobre el acoso. El jurado no reveló cuáles de dichos elementos consideró insuficientes.

El caso giraba en torno a Trevor Delorme, de 21 años, quien pasó varias horas frente a una vivienda de Pasco ocupada por Destiny Torres, de 26 años, los días 29 y 30 de abril. Posteriormente fue detenido en su domicilio y acusado de acoso —un delito menor grave— por haber causado angustia emocional a la familia.
Delorme intentaba verificar el domicilio de la senadora Torres con el fin de impugnar su registro electoral e inhabilitarla para postularse en el 8.º Distrito Legislativo. Torres ya había superado una impugnación electoral en julio, presentada por otro votante de Pasco que formuló acusaciones similares e inverificables.

Dicho individuo colaboraba con el oponente de Torres, Gabe Galbraith, así como con un grupo de republicanos que sostenían que ella seguía residiendo en su antigua vivienda, situada fuera del distrito. La labor de Delorme consistía en vigilar la casa y fotografiar a Torres entrando en ella; documentos de la investigación revelan que Galbraith cubrió los gastos de combustible de Delorme.
Torres se mudó recientemente a una nueva vivienda en la zona ribereña de Pasco para cumplir los requisitos y aspirar al escaño vacante del Senado por el 8.º Distrito Legislativo, después de que una disputa judicial sobre la redistribución de distritos la dejara inhabilitada para buscar la reelección en el 15.º Distrito Legislativo.

Kevin Holt, el abogado defensor de Delorme, argumentó que se trataba de un “caso político” contra un joven que ejercía su derecho constitucional a cuestionar a su legislador.
Dijo que el caso simplemente «cobró vida propia» y que se estaba haciendo un uso indebido de las leyes estatales sobre el acoso. «Básicamente, nadie quería admitir que se trataba de un incidente político y que debía dejarse atrás. En cambio, quieren convertirlo en un caso grave de acoso. Quieren hacer creer que él es una especie de Ted Bundy suelto buscando a una joven», afirmó. «Esa no es la situación. La ley se creó para proteger a las personas de eso, pero no es lo que está ocurriendo aquí», señaló.

El fiscal adjunto del condado de Yakima, Matt Mills, llevó la acusación en lugar del fiscal del condado de Franklin, Shawn Sant, quien se apartó del caso debido a que había apoyado públicamente la campaña de Torres.
En sus alegatos finales, se basó en las imágenes de una cámara de timbre Ring que mostraban a Delorme alejándose a toda velocidad de la vivienda mientras Destiny Torres intentaba confrontarlo. Más tarde, ella declaró a la policía que la presencia de Delorme le hizo temer por su vida.
Mills cuestionó por qué Delorme no entrevistó a la familia para fundamentar su impugnación del registro, ni recopiló ninguna otra prueba pertinente —como el envío de una carta certificada—, tal como establecen las directrices de la Secretaría de Estado de Washington.

«Él sabía que lo que estaba haciendo no era correcto», afirmó Mills. «No existe ningún derecho constitucional a acosar a alguien».
Tras la lectura del veredicto, Mills declaró al Tri-City Herald que este caso fue «probablemente distinto a cualquier otro que haya llevado antes», señalando que nunca había tenido a un senador estatal involucrado en un juicio de esta naturaleza.

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