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Arpaio, Duro con Inmigrantes Indocumentados, no tanto con abusadores
Escrito el 10 Dec 2011
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EL MIRAGE, Arizona - La niña de 13 años abrió la puerta de su casa en esta pequeña ciudad pegada a Phoenix y se encontró con un hombre que decía que su auto se había averiado y necesitaba hacer una llamada telefónica. Una vez adentro, el individuo atacó a la menor por atrás, la golpeó hasta hacerle perder el conocimiento y la violó.
Siete meses atrás, en un departamento a poco más de tres kilómetros (dos millas), otra muchacha de 13 años era manoseada de noche por el compañero de su madre. Al menos dos veces por semana se despertaba y lo veía a él parado frente a su cama, diciendo que estaba buscando el teléfono celular de su madre.
Esas son dos de más de 400 denuncias de delitos sexuales hechas ante la oficina del alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, entre el 2005 y el 2007 -incluyendo decenas de supuestos abusos a menores de edad- que no fueron adecuadamente investigadas y en algunas instancias ni siquiera se trabajó en ellas, de acuerdo con oficiales de policía que trabajan o trabajaron en la oficina del alguacil y están familiarizados con los casos. Solamente en El Mirage, donde la oficina de Arpaio ofrecía servicios policíacos por contrato, se descubrieron al menos 32 denuncias de abusos de menores -algunas víctimas tenían dos años de edad- a los que la oficina del alguacil no les dio seguimiento, incluso a pesar de que los sospechosos eran conocidos en todos los casos salvo en seis.
Muchas de las víctimas eran niños de inmigrantes sin permiso legal para estar en el país, dijo un oficial de policía de El Mirage retirado que revisó los expedientes. Estas investigaciones fallidas han servido para abochornar al departamento, cuyo alguacil se describe a sí mismo como el "Alguacil más duro de Estados Unidos" y es un referente importante de los conservadores por sus esfuerzos por combatir la inmigración ilegal.
La oficina de Arpaio se negó en repetidas ocasiones durante meses a responder preguntas sobre las investigaciones y declinó una petición de registros públicos para un reporte de asuntos internos, citando acciones disciplinarias potenciales.
Brian Sands, un alto funcionario que está a cargo de disciplinar a cualquier empleado responsable de irregularidades, pudo hablar después sobre los casos. Declinó, no obstante, hablar sobre el motivo de que no hubieran sido investigados. "Aquí se han cometido violaciones a las políticas" del departamento, dijo Sands. "Es obvio, pero no puedo comentar de quién o cuáles".
Siete meses atrás, en un departamento a poco más de tres kilómetros (dos millas), otra muchacha de 13 años era manoseada de noche por el compañero de su madre. Al menos dos veces por semana se despertaba y lo veía a él parado frente a su cama, diciendo que estaba buscando el teléfono celular de su madre.
Esas son dos de más de 400 denuncias de delitos sexuales hechas ante la oficina del alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, entre el 2005 y el 2007 -incluyendo decenas de supuestos abusos a menores de edad- que no fueron adecuadamente investigadas y en algunas instancias ni siquiera se trabajó en ellas, de acuerdo con oficiales de policía que trabajan o trabajaron en la oficina del alguacil y están familiarizados con los casos. Solamente en El Mirage, donde la oficina de Arpaio ofrecía servicios policíacos por contrato, se descubrieron al menos 32 denuncias de abusos de menores -algunas víctimas tenían dos años de edad- a los que la oficina del alguacil no les dio seguimiento, incluso a pesar de que los sospechosos eran conocidos en todos los casos salvo en seis.
Muchas de las víctimas eran niños de inmigrantes sin permiso legal para estar en el país, dijo un oficial de policía de El Mirage retirado que revisó los expedientes. Estas investigaciones fallidas han servido para abochornar al departamento, cuyo alguacil se describe a sí mismo como el "Alguacil más duro de Estados Unidos" y es un referente importante de los conservadores por sus esfuerzos por combatir la inmigración ilegal.
La oficina de Arpaio se negó en repetidas ocasiones durante meses a responder preguntas sobre las investigaciones y declinó una petición de registros públicos para un reporte de asuntos internos, citando acciones disciplinarias potenciales.
Brian Sands, un alto funcionario que está a cargo de disciplinar a cualquier empleado responsable de irregularidades, pudo hablar después sobre los casos. Declinó, no obstante, hablar sobre el motivo de que no hubieran sido investigados. "Aquí se han cometido violaciones a las políticas" del departamento, dijo Sands. "Es obvio, pero no puedo comentar de quién o cuáles".
