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Entre “Pactos” y Extremismo
Escrito el 03 Mar 2011
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WASHINGTON – Mientras el senador estatal republicano de Arizona, Russell Pearce, autor de la SB1070 y de la nueva versión más restrictiva, la SB1611, llamada “una SB1070 en esteroides”, se empeña en coronar a Arizona como la cuna del extremismo, sus vecinos republicanos impulsan el Pacto de Utah, un proyecto de ley que afirmando que la inmigración es una responsabilidad federal, busca soluciones sin satanizar a los inmigrantes.
Un panel del Senado de Arizona aprobó la SB1611 que para fines prácticos, convierte a todo funcionario de Arizona en un agente migratorio: en escuelas, hospitales, centros de trabajo; dificulta el acceso a vivienda y permite que se confisquen los vehículos de indocumentados.
También avanzaron iniciativas para negar la ciudadanía automática a niños nacidos en Estados Unidos si ambos padres son indocumentados. Los niños se definirían como ciudadanos si uno de sus padres es residente legal o ciudadano. Otra medida le solicitaría al Congreso que permita a los estados expedir certificados de nacimiento distintivos: uno para los niños que llenen los requisitos de ciudadanía según la medida, y otro para quienes no los llenen.
Estas medidas buscan entablar una batalla legal para que el debate sobre la Enmienda 14 de la Constitución, que establece que quienes nacen en este país son ciudadanos, llegue a la Corte Suprema de la nación.
Y el SB1611 es otro esfuerzo para ampliar lo logrado con la SB1070 de criminalización de indocumentados, aunque las secciones más controversiales sigan enfrascadas en un pleito legal. El argumento es que se “liberarán” empleos y que mejorará la economía, aunque sectores empresariales de Arizona argumenten que sólo empeorará la situación.
En su cruzada antiindocumentados, Pearce también deja entrever sus aspiraciones políticas a nivel federal echando mano del chivo expiatorio favorito: los indocumentados.
Contrario a Arizona, sus colegas republicanos en la Legislatura de Utah están divididos. Un bando sigue el modelo Pearce promoviendo medidas anti indocumentados como la SB1070 en su Cámara de Diputados.
Pero otro bando propuso otra opción.
El senador estatal republicano, Curt Bramble, presentó el proyecto Pacto de Utah basado en los lineamientos del acuerdo del mismo nombre firmado en el otoño del 2010 por líderes de sectores empresarial, grupos de fe, comunitarios y políticos para “humanizar” el debate migratorio.
Se rigen por cinco principios: la inmigración es un asunto federal; los limitados recursos de la policía deben enfocarse en combatir la criminalidad; las familias no deben ser separadas; los inmigrantes juegan un papel en la economía trabajando y pagando impuestos; y son parte integral de la sociedad y deben ser tratados humanamente.
También se rigen por lo lógico: la defensa legal de medidas restrictivas es altamente costosa porque su constitucionalidad es cuestionable y finalmente sólo suponen una carga para estados ya afligidos por la débil economía. Los inmigrantes, al trabajar, consumir y pagar impuestos, suponen una ganancia para los estados. Otros estados ya están firmando sus propios “pactos”.
Entre otras cosas, el proyecto de Bramble contempla no sólo medidas policiales sino un plan de trabajadores temporales.
El Pacto también dio paso al proyecto bipartidista SB60, de la senadora estatal republicana de Utah, Luz Robles, que concedería permisos de trabajo a los inmigrantes.
“Estamos viendo a republicanos enfrentados contra republicanos por el tema de la inmigración. El Pacto es fruto de republicanos que no están de acuerdo con lo que ha estado pasando en Utah y es lo mejor que nos pudo haber pasado porque son los republicanos quienes controlan la Legislatura”, indicó el activista Tony Yapias.
¿Progresarán el Pacto de Utah y el SB60? Quién sabe. Pero cuando menos hay un debate que a nivel federal y nacional no se ha producido. Como dice Yapias, un enfrentamiento entre republicanos. A nivel nacional, algunos líderes republicanos han hablado del “tono” del debate migratorio y de cómo ha alejado a los hispanos del Partido Republicano.
Pero eso no ha supuesto medidas concretas en el Congreso en favor de soluciones más moderadas. Por el contrario, los republicanos que en el pasado apoyaron una reforma migratoria amplia le han dado la espalda.
Por el contrario, republicanos ‘a la Pearce’ dominan el discurso a nivel federal. Y al final, la misma conclusión: con “pactos” o extremismo, la única solución viable es la esquiva reforma migratoria a nivel federal.
Maribel Hastings es asesora ejecutiva y
analista de America's Voice
Un panel del Senado de Arizona aprobó la SB1611 que para fines prácticos, convierte a todo funcionario de Arizona en un agente migratorio: en escuelas, hospitales, centros de trabajo; dificulta el acceso a vivienda y permite que se confisquen los vehículos de indocumentados.
También avanzaron iniciativas para negar la ciudadanía automática a niños nacidos en Estados Unidos si ambos padres son indocumentados. Los niños se definirían como ciudadanos si uno de sus padres es residente legal o ciudadano. Otra medida le solicitaría al Congreso que permita a los estados expedir certificados de nacimiento distintivos: uno para los niños que llenen los requisitos de ciudadanía según la medida, y otro para quienes no los llenen.
Estas medidas buscan entablar una batalla legal para que el debate sobre la Enmienda 14 de la Constitución, que establece que quienes nacen en este país son ciudadanos, llegue a la Corte Suprema de la nación.
Y el SB1611 es otro esfuerzo para ampliar lo logrado con la SB1070 de criminalización de indocumentados, aunque las secciones más controversiales sigan enfrascadas en un pleito legal. El argumento es que se “liberarán” empleos y que mejorará la economía, aunque sectores empresariales de Arizona argumenten que sólo empeorará la situación.
En su cruzada antiindocumentados, Pearce también deja entrever sus aspiraciones políticas a nivel federal echando mano del chivo expiatorio favorito: los indocumentados.
Contrario a Arizona, sus colegas republicanos en la Legislatura de Utah están divididos. Un bando sigue el modelo Pearce promoviendo medidas anti indocumentados como la SB1070 en su Cámara de Diputados.
Pero otro bando propuso otra opción.
El senador estatal republicano, Curt Bramble, presentó el proyecto Pacto de Utah basado en los lineamientos del acuerdo del mismo nombre firmado en el otoño del 2010 por líderes de sectores empresarial, grupos de fe, comunitarios y políticos para “humanizar” el debate migratorio.
Se rigen por cinco principios: la inmigración es un asunto federal; los limitados recursos de la policía deben enfocarse en combatir la criminalidad; las familias no deben ser separadas; los inmigrantes juegan un papel en la economía trabajando y pagando impuestos; y son parte integral de la sociedad y deben ser tratados humanamente.
También se rigen por lo lógico: la defensa legal de medidas restrictivas es altamente costosa porque su constitucionalidad es cuestionable y finalmente sólo suponen una carga para estados ya afligidos por la débil economía. Los inmigrantes, al trabajar, consumir y pagar impuestos, suponen una ganancia para los estados. Otros estados ya están firmando sus propios “pactos”.
Entre otras cosas, el proyecto de Bramble contempla no sólo medidas policiales sino un plan de trabajadores temporales.
El Pacto también dio paso al proyecto bipartidista SB60, de la senadora estatal republicana de Utah, Luz Robles, que concedería permisos de trabajo a los inmigrantes.
“Estamos viendo a republicanos enfrentados contra republicanos por el tema de la inmigración. El Pacto es fruto de republicanos que no están de acuerdo con lo que ha estado pasando en Utah y es lo mejor que nos pudo haber pasado porque son los republicanos quienes controlan la Legislatura”, indicó el activista Tony Yapias.
¿Progresarán el Pacto de Utah y el SB60? Quién sabe. Pero cuando menos hay un debate que a nivel federal y nacional no se ha producido. Como dice Yapias, un enfrentamiento entre republicanos. A nivel nacional, algunos líderes republicanos han hablado del “tono” del debate migratorio y de cómo ha alejado a los hispanos del Partido Republicano.
Pero eso no ha supuesto medidas concretas en el Congreso en favor de soluciones más moderadas. Por el contrario, los republicanos que en el pasado apoyaron una reforma migratoria amplia le han dado la espalda.
Por el contrario, republicanos ‘a la Pearce’ dominan el discurso a nivel federal. Y al final, la misma conclusión: con “pactos” o extremismo, la única solución viable es la esquiva reforma migratoria a nivel federal.
Maribel Hastings es asesora ejecutiva y
analista de America's Voice
