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Esperan “decisión definitiva” sobre situación de indocumentados
Escrito el 03 Nov 2005
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SALT LAKE CITY,UT - La decisión del Supremo de revisar el caso de un mexicano que quiere legalizarse tras haber sido deportado es un paso "importante pero pequeño" para los derechos de los inmigrantes, opinaron dirigentes hispanos.
"Es muy importante que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dé a conocer un fallo sobre la situación de miles de inmigrantes indocumentados", indicó Tony Yapias,director de la organización Proyecto Latino de Utah.
Según Yapias, el máximo tribunal del país es el único de los tres poderes que tiene la autoridad para decidir de manera definitiva cuáles son los derechos de los inmigrantes indocumentados. Agregó que el caso de Humberto Fernández-Vargas, cualquiera sea el resultado, "tendrá un tremendo efecto en la vida de miles de inmigrantes indocumentados que están en la misma situación, es decir, que fueron deportados, pero que ahora tienen los medios como para regularizar su situación".
Fernández fue deportado en 1981 por haber entrado ilegalmente al país. Sin embargo, volvió ingresar a Estados Unidos, y eventualmente se radicó en Utah, donde formó pareja con Rita Fernández, con quien tuvo un hijo (ahora de 16 años).
Los Fernández se casaron en 2001, después de que Rita obtuviese la ciudadanía estadounidense. El inmigrante buscó regularizar su estatus migratorio por medio de su esposa, pero en noviembre de 2003 se le informó que sería deportado, de acuerdo con el Acta de Reforma Inmigratoria de 1996.
El caso llegó a la justicia y Fernández argumentó que no se le podía aplicar retroactivamente una ley de 1996 por algo que él hizo en 1981.
En noviembre de 2004, la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito falló en contra de Fernández.
"La ley es clara al decir que si alguien reingresa ilegalmente a Estados Unidos luego de haber sido deportado porque la primera vez también entró ilegalmente, son pocas las opciones que esa persona tiene para llegar a ser un residente legal", comentó el doctor Estevan Flores, director ejecutivo del Centro Latino de Estudios y Políticas Públicas, de la Universidad de Colorado en Denver.
"Sin embargo, me parece que no se debería castigar a los inmigrantes por acciones que ellos realizaron antes de que la ley cambiase", agregó.
Según Flores, "los inmigrantes no podían saber que el reingresar al país afectaría negativamente su situación en el futuro".
Para el académico, habría que tener consideración especial en casos como el de Fernández, quien vive en Ciudad Juárez (México), tiene su propia empresa (de camiones), y que "trabaja honestamente desde hace años, haciendo contribuciones a la economía y a la sociedad".
"Esa es la clase de personas que queremos que se queden en nuestro país. No habría que penalizarlas", dijo.
Por su parte, Daniel Short, directora del Programa de Derechos Humanos del American Friends Service Committee (con sede en Denver) aseveró que la decisión de la Corte Suprema de revisar el caso de Fernández es una clara indicación que el Acta de Inmigración de 1996 no es adecuada y necesita ser cambiada.
"Las leyes que injustamente castigan a los inmigrantes que trabajan y que pagan impuestos sólo contribuyen a dividir a nuestra nación, pero no presentan soluciones prácticas para un sistema inmigratorio en ruinas", declaró Short.
"Es muy importante que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dé a conocer un fallo sobre la situación de miles de inmigrantes indocumentados", indicó Tony Yapias,director de la organización Proyecto Latino de Utah.
Según Yapias, el máximo tribunal del país es el único de los tres poderes que tiene la autoridad para decidir de manera definitiva cuáles son los derechos de los inmigrantes indocumentados. Agregó que el caso de Humberto Fernández-Vargas, cualquiera sea el resultado, "tendrá un tremendo efecto en la vida de miles de inmigrantes indocumentados que están en la misma situación, es decir, que fueron deportados, pero que ahora tienen los medios como para regularizar su situación".
Fernández fue deportado en 1981 por haber entrado ilegalmente al país. Sin embargo, volvió ingresar a Estados Unidos, y eventualmente se radicó en Utah, donde formó pareja con Rita Fernández, con quien tuvo un hijo (ahora de 16 años).
Los Fernández se casaron en 2001, después de que Rita obtuviese la ciudadanía estadounidense. El inmigrante buscó regularizar su estatus migratorio por medio de su esposa, pero en noviembre de 2003 se le informó que sería deportado, de acuerdo con el Acta de Reforma Inmigratoria de 1996.
El caso llegó a la justicia y Fernández argumentó que no se le podía aplicar retroactivamente una ley de 1996 por algo que él hizo en 1981.
En noviembre de 2004, la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito falló en contra de Fernández.
"La ley es clara al decir que si alguien reingresa ilegalmente a Estados Unidos luego de haber sido deportado porque la primera vez también entró ilegalmente, son pocas las opciones que esa persona tiene para llegar a ser un residente legal", comentó el doctor Estevan Flores, director ejecutivo del Centro Latino de Estudios y Políticas Públicas, de la Universidad de Colorado en Denver.
"Sin embargo, me parece que no se debería castigar a los inmigrantes por acciones que ellos realizaron antes de que la ley cambiase", agregó.
Según Flores, "los inmigrantes no podían saber que el reingresar al país afectaría negativamente su situación en el futuro".
Para el académico, habría que tener consideración especial en casos como el de Fernández, quien vive en Ciudad Juárez (México), tiene su propia empresa (de camiones), y que "trabaja honestamente desde hace años, haciendo contribuciones a la economía y a la sociedad".
"Esa es la clase de personas que queremos que se queden en nuestro país. No habría que penalizarlas", dijo.
Por su parte, Daniel Short, directora del Programa de Derechos Humanos del American Friends Service Committee (con sede en Denver) aseveró que la decisión de la Corte Suprema de revisar el caso de Fernández es una clara indicación que el Acta de Inmigración de 1996 no es adecuada y necesita ser cambiada.
"Las leyes que injustamente castigan a los inmigrantes que trabajan y que pagan impuestos sólo contribuyen a dividir a nuestra nación, pero no presentan soluciones prácticas para un sistema inmigratorio en ruinas", declaró Short.
