Conductores multados por no hablar en inglés
David Kunkle, jefe del DPD, se disculpó ante la opinión pública y admitió que sus agentes no debieron emitir ninguna clase de infracción por no hablar inglés porque no es parte del código municipal ni del reglamento de tránsito local ni estatal.
"Además, nosotros (la policía) no contamos con la capacidad técnica para determinar si alguien habla un idioma perfectamente o a medias. Le pido disculpas públicas a la opinión pública", reiteró Kunkle en una conferencia de prensa.
"Los únicos conductores que pasan una prueba de aptitud del idioma inglés son los que manejan los autobuses municipales, los camiones comerciales y todo aquel que opere un vehículo municipal", subrayó el jefe del DPD.
El caso que ayudó a que estas infracciones salieran a la luz fue el de la mexicana Ernestina Mondragón, residente permanente de Estados Unidos desde 1980, quien fue detenida el pasado 2 de octubre de este año por un agente debido una infracción de tránsito. Además de girar en una zona prohibida, fue multada por no hablar inglés y por no llevar consigo su licencia de conducir.
"Cuando traté de decirle al oficial que mi hija de 11 años que me acompañaba podría traducir, él se negó. Me trató mal, me sentí humillada. Yo tengo una licencia válida, pero ese día iba tarde a la escuela de mi hija y me la olvidé", comentó.
Kunkle prometió que reembolsará los montos pagados a todos los conductores que fueron multados erróneamente por no dominar el inglés. Pero para algunos activistas comunitarios y cívicos, la condonación de las multas no es suficiente porque la cadena de errores de algunos oficiales ha perjudicado a muchos conductores.
Según Héctor Flores, directivo nacional de la Liga de Ciudadanos Latino Americanos Unidos (LULAC, en inglés), disculparse y olvidarse del asunto no es consecuente cuando existen repercusiones debido a las acciones de la policía.
"Podríamos hasta hablar de actos discriminatorios desde que un solo oficial se encargó de imponer cinco infracciones de este tipo. Pero no sólo la policía tiene la culpa aquí, sino también los magistrados municipales que al recibir esta clase de citatorios no los enmiendan", señaló Flores."Las 38 personas afectadas no sólo pagaron su multa de tránsito, sino que además vieron como las primas de sus pólizas de seguro automovilístico aumentaron debido a la acción errónea de un puñado de oficiales de policía. Y eso cómo se indemniza", cuestionó Flores.
LULAC y otros grupos cívicos han instado al DPD a buscar en sus archivos para conocer cuántas faltas similares se han cometido en los últimos diez años. Los casos que se conocen hasta la fecha son de los últimos tres años.