Noticia Anterior
Final de “Guerra Sucia”
Escrito el 13 Mar 2006
Comment: 0
MÉXICO - El fiscal para crímenes del pasado anunció que el informe final sobre la "guerra sucia"en México lo presentará el 15 de abril y su contenido no variará en esencia de lo ya conocido a través de un borrador filtrado, el cual señala que el Estado orquestó una campaña contrainsurgente que dejó cientos de desaparecidos y ejecutados entre 1960 y 1980.
"El borrador es un gran adelanto y no va a haber otro documento final totalmente contradictorio con el documento de trabajo" divulgado, dijo en rueda de prensa el fiscal especial para movimientos sociales y políticos del pasado, Ignacio Carrillo, acompañado del procurador general Daniel Cabeza de Vaca.
Añadió que al documento de trabajo filtrado, que es uno de otros tres borradores, se le va "adicionar en lo que es defectuoso y en lo que tiene carencias".
Momentos antes, Cabeza de Vaca había dicho que el documento de trabajo "carece de validez", pero sólo porque no ha sido presentado formalmente por el fiscal, quien depende del procurador, y ratificó que la dependencia ya investiga quién lo filtró a la prensa.
Carrillo mencionó que una de las modificaciones será la mención que se hace en el borrador de que bajo la presidencia de Luis Echeverría (1970-1976) las bases militares del estado sureño de Guerrero servían como "campos de concentración".
El fiscal señaló que "el campo de concentración es una expresión históricamente construida para un fenómeno, (y) hasta lo que yo tengo visto ese paradigma de campo de concentración no (corresponde a) los lugares de detención ilegal que esa mixtura de civiles y militares utilizó sobre todo en el estado de Guerrero".
El proyecto, basado en parte en documentos militares mexicanos, señala que a través de una campaña de contrainsurgencia conocida hasta el nivel presidencial se cometieron crímenes durante las administraciones de los presidentes Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo, que abarcan de 1958 a 1982. Todos pertenecieron al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En el texto, elaborado por unos 27 investigadores contratados por la fiscalía, se advierte que "el combate que el Estado emprendió en contra de estos grupos nacionales, que se organizaron en los movimientos estudiantiles y en la insurgencia popular, se salió del marco legal e incurrió en crímenes de lesa humanidad, que culminaron en masacres, desapariciones forzadas, tortura sistemática, crímenes de guerra y genocidio". Carrillo dijo que no todas las personas mencionadas en el borrador, una buena parte de ellos militares, son presuntos responsables de ilícitos, aunque rechazó dar más detalles al respecto.
Añadió que la divulgación del texto no "afecta" las actuaciones judiciales y aseguró que en las próximas semanas presentará cargos ante un juez contra civiles y militares involucrados en la "guerra sucia".
Cabeza de Vaca rechazó comentar el contenido del borrador y se limitó a decir que "el procurador no debe de emitir opiniones, el procurador simple y sencillamente se apega a la ley y la aplica".
"El borrador es un gran adelanto y no va a haber otro documento final totalmente contradictorio con el documento de trabajo" divulgado, dijo en rueda de prensa el fiscal especial para movimientos sociales y políticos del pasado, Ignacio Carrillo, acompañado del procurador general Daniel Cabeza de Vaca.
Añadió que al documento de trabajo filtrado, que es uno de otros tres borradores, se le va "adicionar en lo que es defectuoso y en lo que tiene carencias".
Momentos antes, Cabeza de Vaca había dicho que el documento de trabajo "carece de validez", pero sólo porque no ha sido presentado formalmente por el fiscal, quien depende del procurador, y ratificó que la dependencia ya investiga quién lo filtró a la prensa.
Carrillo mencionó que una de las modificaciones será la mención que se hace en el borrador de que bajo la presidencia de Luis Echeverría (1970-1976) las bases militares del estado sureño de Guerrero servían como "campos de concentración".
El fiscal señaló que "el campo de concentración es una expresión históricamente construida para un fenómeno, (y) hasta lo que yo tengo visto ese paradigma de campo de concentración no (corresponde a) los lugares de detención ilegal que esa mixtura de civiles y militares utilizó sobre todo en el estado de Guerrero".
El proyecto, basado en parte en documentos militares mexicanos, señala que a través de una campaña de contrainsurgencia conocida hasta el nivel presidencial se cometieron crímenes durante las administraciones de los presidentes Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo, que abarcan de 1958 a 1982. Todos pertenecieron al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En el texto, elaborado por unos 27 investigadores contratados por la fiscalía, se advierte que "el combate que el Estado emprendió en contra de estos grupos nacionales, que se organizaron en los movimientos estudiantiles y en la insurgencia popular, se salió del marco legal e incurrió en crímenes de lesa humanidad, que culminaron en masacres, desapariciones forzadas, tortura sistemática, crímenes de guerra y genocidio". Carrillo dijo que no todas las personas mencionadas en el borrador, una buena parte de ellos militares, son presuntos responsables de ilícitos, aunque rechazó dar más detalles al respecto.
Añadió que la divulgación del texto no "afecta" las actuaciones judiciales y aseguró que en las próximas semanas presentará cargos ante un juez contra civiles y militares involucrados en la "guerra sucia".
Cabeza de Vaca rechazó comentar el contenido del borrador y se limitó a decir que "el procurador no debe de emitir opiniones, el procurador simple y sencillamente se apega a la ley y la aplica".
