Finqueros quieren negociar el muro

McALLEN, Texas – Propietarios de fincas del sur de Texas, frontera con México, denunciaron en una corte federal que las autoridades federales los demandaron antes de negociar el acceso que desea el gobierno de Washington para erigir un muro con el fin de evitar el cruce de inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, reportó The Associated Press.

Finqueros de los condados texanos de Hidalgo y Starr dijeron que hubo un ofrecimiento de una compensación de $100 por el acceso temporal a sus tierras cercanas al río Grande o Bravo para estudiar la zona y trazar planos, pero que la oferta fue hecha sólo después de que los abogados del gobierno presentaron querellas para adquirir propiedades con fines públicos.

The Associated Press agregó que el juez federal de distrito, Andrew Hanen, que ha presidido varias audiencias por casos similares en el condado de Cameron, anunció que se pronunciará cuanto antes sobre las más de una decena de demandas del gobierno.

Las primeras querellas fueron presentadas en Hidalgo y Starr. Pero durante una audiencia llevada a cabo el lunes y que se prolongó por tres horas, fue exactamente el tipo de discusión legal que el gobierno de Washington quería evitar a toda costa.

En septiembre de 2006, dos semanas después de que el Congreso canceló un debate de la reforma migratoria, ambas cámaras aprobaron la construcción de un muro de 1,226 km (700 millas) en la frontera con México para frenar el cruce ilegal. Meses más tarde y cuando el departamento de Seguridad Nacional (DHS) inició el trazado del muro, decenas de propietarios de tierras en el sur de Texas se negaron a permitir el acceso de las autoridades a sus propiedades.

Ante esta negativa, el gobierno federal los demandó, pero los papeles se voltearon porque ahora está a la defensiva.

Los problemas entre las autoridades federales y los finqueros comenzaron a principios de diciembre del año pasado cuando el jefe de la seguridad de Estados Unidos, Michael Chertoff, le dio a los propietarios de terrenos que se oponen a la instalación del muro una última oportunidad para que permitan el acceso a sus propiedades antes de llevar el caso a la corte.