La Reforma Migratoria Sigue Viva, Pero Quieren Aniquilarla

Si el proyecto migratorio bipartidista del extinto Grupo de los Siete de la Cámara Baja nunca vio la luz del día, ¿por qué su disolución habría de significar el fin de la reforma migratoria?
Honestamente ya muy pocas personas tomaban en serio las posibilidades reales de que el grupo finalmente presentara su eternamente anunciado proyecto; tanto así que era motivo de apuestas entre ciertos sectores, no sólo por la falta de proyecto, sino porque con la salida del primer republicano, Raúl Labrador, congresista de Idaho, los ocho pasaron a ser siete y muchos se preguntaban quiénes serían los próximos en abandonar el barco.
El viernes se supo y fueron dos republicanos de Texas, John Carter y Sam Johnson, quienes ofrecieron una de las excusas más absurdas para justificar su salto.
La reforma migratoria, según la explicación de estos legisladores, es víctima de la reforma sanitaria, porque como el presidente Barack Obama decidió retrasar la implementación de algunas de las cláusulas del Obamacare (que los republicanos de todos modos quieren dejar sin fondos), entonces, cual niños en pelea de recreo, no le darán al mandatario ningún proyecto migratorio para promulgar, porque supuestamente después no aplicará las leyes debidamente.
“La práctica de la administración de seleccionar las partes de la ley que quiere aplicar ha dañado irrevocablemente nuestros esfuerzos de enmendar nuestro maltrecho sistema migratorio… Sería gravemente irresponsable darle más poder a esta administración otorgándole más autoridad o discrecionalidad con un nuevo sistema de inmigración”, escribieron los congresistas. Veamos.
Los republicanos acusan a Obama de actuar unilateralmente e incluso de apartarse de la Constitución. Así lo hicieron cuando la administración concedió la Acción Diferida a los DREAMers por la negativa republicana de apoyar el DREAM Act.
En otras palabras, denuncian que Obama actúe administrativamente, pero tampoco avanzan legislación que pueda convertirse en ley anulando la necesidad de acciones administrativas. Es el círculo vicioso de los politiqueros: quejarse de un problema pero sin resolverlo, aunque puedan, porque así seguirán explotándolo políticamente.
La disolución del Grupo de los Siete es otro ejemplo de legisladores que claudican de sus responsabilidades, demostrando nuevamente la disfuncionalidad de este Congreso.
Y sí, es otro escollo para la reforma migratoria, pero no es el fin del camino.
Primero, porque hay congresistas de los dos partidos que todavía pueden rescatar el proceso con el debido apoyo de los liderazgos de ambos partidos, especialmente del bando republicano que controla la agenda y lo que llega al pleno.
Y en todo caso la disolución del G7 supone que todas las máscaras quedan fuera. Ahora la negociación es abierta. Ahora, si así lo determinan, los demócratas pueden impulsar un proyecto de ley con el cual enfilar los cañones para presionar debidamente al liderazgo republicano.
El plan que aprobó el Senado en junio debería ser una alternativa seria.
Existen los votos para aprobar esta reforma con una mayoría simple de 218 votos. Hay unos 195 demócratas en favor de una reforma con vía a la ciudadanía y hay más de una veintena de republicanos que también la apoyan.
Algunos están en distritos que son seguros bastiones republicanos, pero que poco a poco han ido cambiando demográficamente o son republicanos que entienden que tienen que mirar más allá de las fronteras de sus distritos para lograr que su partido pueda competir efectivamente ante los demócratas por la Casa Blanca.
Dos comités camerales han avanzado cinco proyectos de inmigración, casi todos policiales o punitivos, y ninguno aborda qué hacer con los 11 millones de indocumentados. El presidente del Comité Judicial, Bob Goodlatte, republicano de Virginia, asegura que hay más en puerta y que de los ya aprobados, algunos podrían llegar al pleno próximamente.
Los proyectos en puerta suponen oportunidades para negociar, para presionar por lenguaje que aborde el gran elefante en medio del salón: qué hacer con los 11 millones de indocumentados que siguen siendo la principal piedra de tropiezo en este proceso.
Es aquí donde la comunidad y los grupos pro inmigrantes no pueden quitar el dedo del renglón, y deben continuar presionando por esa legalización con vía a la ciudadanía que verdaderamente ataje el problema y no lo deje a medio resolver.
Y según hay oportunidades en puerta, también hay peligros. Con un calendario apretado y con elecciones de medio tiempo en puerta, para muchos puede ser muy tentador seguir sacando ventaja política del tema migratorio: los republicanos para seguir apostando a su crecientemente reducida base ultraconservadora y seguir negándole logros legislativos a Obama; los demócratas para culpar a los republicanos de inacción con sueños de mayoría cameral en mente.
Pero entre todos los posibles cálculos políticos que se hagan, no hay que perder de vista que se trata de vidas que penden de un simple documento que evite la separación familiar, la ruptura de sueños, la diaria incertidumbre. Tampoco hay que olvidar que la reforma tiene el apoyo de votantes, latinos y no latinos, que el año entrante acudirán a las urnas y también harán sus propios cálculos sobre quién fue parte de la solución o del estancamiento.
No hay que bajar la guardia porque la disolución del Grupo de los Siete no ha matado la reforma, pero ofrece más excusas para quienes quieren aniquilarla