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Alumnos en Arizona Deberán Probar Ciudadanía Antes de Abordar Bus
Escrito el 26 Aug 2010
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PHOENIX, Arizona - Los estudiantes de Lukeville, en la frontera de Arizona con México, han de demostrar su ciudadanía estadounidense antes de subirse a un autobús que les lleve a la escuela en Ajo. Las escuelas del condado de Pima controlan los autobuses desde Lukeville a Ajo.
El distrito escolar de Ajo pidió a las escuelas de Pima que confirmaran el estatus de los estudiantes antes de que éstos llegaran a Ajo.
Hasta ahora, se han emitido 48 certificados de residencia. Los certificados no fueron requeridos el año pasado, cuando 86 estudiantes realizaron el viaje de casi 64 kilómetros (40 millas) desde Lukeville a Ajo.
El Departamento de Educación estatal anunció en mayo que pidió a las escuelas de Ajo que le reembolsaran $1.2 millones por supuestamente educar a 105 estudiantes mexicanos que no tenían derecho desde 2007.
El tema se suma a la polémica desatada con la aprobación de la ley SB 1070 que autorizó a la policía a preguntar por papeles de inmigración a cualquier persona que crean que está indocumentada. Esta ley, firmada por la gobernadora Jane Brewer, desató una serie de protestas no solo en el estado sino en el resto del país.
Sus defensores aducen que es en respuesta a la ineficacia del gobierno federal de frenar la inmigración indocumentada en la zona de frontera. Por el contrario, sus detractores argumentan que semejantes poderes a la policía terminarán en decisiones basadas en la raza de la gente, y afectará especialmente a las personas de origen hispano.
El distrito escolar de Ajo pidió a las escuelas de Pima que confirmaran el estatus de los estudiantes antes de que éstos llegaran a Ajo.
Hasta ahora, se han emitido 48 certificados de residencia. Los certificados no fueron requeridos el año pasado, cuando 86 estudiantes realizaron el viaje de casi 64 kilómetros (40 millas) desde Lukeville a Ajo.
El Departamento de Educación estatal anunció en mayo que pidió a las escuelas de Ajo que le reembolsaran $1.2 millones por supuestamente educar a 105 estudiantes mexicanos que no tenían derecho desde 2007.
El tema se suma a la polémica desatada con la aprobación de la ley SB 1070 que autorizó a la policía a preguntar por papeles de inmigración a cualquier persona que crean que está indocumentada. Esta ley, firmada por la gobernadora Jane Brewer, desató una serie de protestas no solo en el estado sino en el resto del país.
Sus defensores aducen que es en respuesta a la ineficacia del gobierno federal de frenar la inmigración indocumentada en la zona de frontera. Por el contrario, sus detractores argumentan que semejantes poderes a la policía terminarán en decisiones basadas en la raza de la gente, y afectará especialmente a las personas de origen hispano.
