Aprobarían ley peor que la SB 1070 en Arizona

PHOENIX, Arizona - Una comisión del Senado de Arizona aprobó por un margen estrecho un durísimo proyecto de ley contra los inmigrantes indocumentados en materia de vivienda, beneficios públicos y trabajo.
La comisión también aprobó el martes por la noche un proyecto para negar la ciudadanía automática a los hijos de los indocumentados, una norma contraria a la constitución nacional que podría dar lugar a una apelación ante la Corte Suprema.
El nuevo proyecto fue patrocinado por el senador republicano Russell Pearce, autor de la controvertida ley en contra de los inmigrantes sin papeles del año pasado, que provocó un debate generalizado sobre si los estados son los encargados de aplicar las leyes de inmigración.
"El que está en el país ilegalmente no tiene derecho a los beneficios públicos y eso es todo", dijo Pearce.
Aprobar el proyecto colocaría "un nubarrón negro sobre Arizona junto al cual la 'SB1070' parecería blando", dijo Jaime Farrant, de la organización Red de Acción Fronteriza, en alusión al proyecto del año pasado.
La nueva medida, aprobada por siete votos contra seis, pasará al plenario del Senado después de una revisión legal y discusiones en los bloques partidarios. Los demócratas no tienen suficientes votos para bloquear el proyecto de Pearce.
El proyecto dificulta los requisitos a fin de que los empleadores verifiquen la legalidad de los nuevos contratados, de lo contrario sus licencias de negocios les serían suspendidas si no utilizan el sistema federal de verificación, E-Verify. Asimismo aquel que use una falsa identidad para obtener un trabajo podría ser condenado a seis meses de prisión.
También prohibe que un indocumentado maneje vehículos motorizados en el estado, bajo pena de 30 días de cárcel y la incautación del vehículo si son hallados culpables.
La SB-1611 requeriría además que escuelas públicas de Arizona recaben información sobre el estatus de residencia legal de los alumnos y denuncien a la policía los casos en que sus padres no proporcionan los documentos necesarios o presenten identificaciones falsas.
En otra de las previsiones, la SB-1611 obligaría a las oficinas públicas de Arizona, incluyendo las municipales, a verificar el estatus migratorio de las personas que alquilen casas o apartamentos.
La iniciativa, plantea desalojar a todo inquilino que viva en una unidad, si se determina que la casa o apartamento fue rentada por un indocumentado.
En lo que respecta a la atención a la salud, el proyecto de ley cambia algunos de los requerimientos para el programa estatal de asistencia médica Medicaid para endurecer aún más los controles e impedir que indocumentados puedan recibir alguno de sus beneficios.