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Chertoff quiere reforma con ciudadanía
Escrito el 13 Jul 2006
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WASHINGTION - El jefe de la seguridad de Estados Unidos, Michael Chertoff, pidió el jueves al Congreso que reanude el proceso de debate y apruebe una reforma migratoria que incluya un camino a la ciudadanía para los indocumentados que viven en el país.
"El Congreso tiene la oportunidad y la responsabilidad de actuar este año para tratar este problema", afirmó Chertoff durante un discurso en el Instituto American Enterprise (AEI), cercano al sector conservador del Partido Republicano, el más reacio a una regularización de los indocumentados.
Chertoff es un férreo defensor de un plan migratorio que, además de incluir un plan de regularización, contemple fuertes medidas de seguridad tal como acelerar la deportación de indocumentados con antecedentes criminales, detener el ingreso ilegal, construir centros de detención para indocumentados y expulsar extranjeros arrestados en un plazo interior a los 14 días.
Al ahondar en la necesidad de que el Congreso apruebe una reforma amplia, el jefe del departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que “le damos a los agentes fronterizos y a la policía el instrumento que necesitan para cumplir la tarea que le pedimos".
Poderes extras a la policía
Si bien Chertoff apoya un programa que contemple la ciudadanía para indocumentados que llevan tiempo en el país y carecen de antecedentes criminales, el secretario respalda un polémico proyecto que autoriza a las policías municipales y estatales arrestar indocumentados, una función que por ahora corresponde sólo al gobierno federal. Autorizar a los departamentos locales para que su personal ejerza funciones como agentes de inmigración es un plan ideado por el departamento de Justicia tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.
La ley de inmigración de 1996 permite que el servicio de inmigración llegue a acuerdos con autoridades estatales y locales para que la policía realice este tipo de funciones. En 2003 el entonces secretario de Justicia, John Ashcroft, explicó que el plan formaba parte de la lucha antiterrorista dirigida por el gobierno de Washington.
Sin embargo y pese a las presiones del gobierno, hasta ahora la mayoría de agencias policíacas, en varios estados, han advertido que ven en la medida una amenaza que puede echar por tierra el trabajo acumulado durante más de 30 años con comunidades de inmigrantes para combatir el crimen.
"El Congreso tiene la oportunidad y la responsabilidad de actuar este año para tratar este problema", afirmó Chertoff durante un discurso en el Instituto American Enterprise (AEI), cercano al sector conservador del Partido Republicano, el más reacio a una regularización de los indocumentados.
Chertoff es un férreo defensor de un plan migratorio que, además de incluir un plan de regularización, contemple fuertes medidas de seguridad tal como acelerar la deportación de indocumentados con antecedentes criminales, detener el ingreso ilegal, construir centros de detención para indocumentados y expulsar extranjeros arrestados en un plazo interior a los 14 días.
Al ahondar en la necesidad de que el Congreso apruebe una reforma amplia, el jefe del departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que “le damos a los agentes fronterizos y a la policía el instrumento que necesitan para cumplir la tarea que le pedimos".
Poderes extras a la policía
Si bien Chertoff apoya un programa que contemple la ciudadanía para indocumentados que llevan tiempo en el país y carecen de antecedentes criminales, el secretario respalda un polémico proyecto que autoriza a las policías municipales y estatales arrestar indocumentados, una función que por ahora corresponde sólo al gobierno federal. Autorizar a los departamentos locales para que su personal ejerza funciones como agentes de inmigración es un plan ideado por el departamento de Justicia tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.
La ley de inmigración de 1996 permite que el servicio de inmigración llegue a acuerdos con autoridades estatales y locales para que la policía realice este tipo de funciones. En 2003 el entonces secretario de Justicia, John Ashcroft, explicó que el plan formaba parte de la lucha antiterrorista dirigida por el gobierno de Washington.
Sin embargo y pese a las presiones del gobierno, hasta ahora la mayoría de agencias policíacas, en varios estados, han advertido que ven en la medida una amenaza que puede echar por tierra el trabajo acumulado durante más de 30 años con comunidades de inmigrantes para combatir el crimen.
