Oportunidad de becas a “sin papeles”

PHOENIX, Arizona. En momentos que el Congreso se apresta a debatir si aprueba o rechaza una ley que daría estatus legal a miles de estudiantes indocumentados sobresalientes para que puedan continuar sus estudios superiores, la Universidad Estatal de Arizona (ASU) ofreció a unos 200 inmigrantes sin papeles la posibilidad de obtener becas privadas este semestre para ayudarlos a pagar sus gastos de enseñanza.

Debido a su condición de ilegalidad en Estados Unidos, los estudiantes deben pagar más por matricularse y recibir clases, ya que por ley los consideran como residentes de fuera del estado, dijo Michal Crow, rector de la ASU.

El funcionario agregó que la Universidad de Estatal de Arizona preparó un programa para ayudar a los estudiantes que se graduaron en escuelas secundarias estatales a pagar los gastos superiores, según lo requiere la Propuesta 300, que fue aceptada por los votantes en noviembre del año pasado.

Entre 150 y 200 estudiantes recibieron la ayuda, que sumó un total estimado en alrededor de $1.8 millones.

"Estos son estudiantes que se presentaron con diplomas secundarios de Arizona", afirmó Crow en un discurso pronunciado durante un almuerzo organizado por el grupo no lucrativo Valle del Sol, en Phoenix, reportó The Associated Press.

Estatus Ilegal

"Algunos de estos estudiantes no tienen estatus de inmigrantes (legales), pero nosotros les decimos, 'bueno, ustedes fueron a una escuela secundaria de Arizona', así que... hacemos algunos cálculos sobre ayuda financiera". El programa utiliza fondos provenientes de organismos privados del cual ya dispone la universidad, precisó Crow. La diferencia entre los costos de matrícula para residentes del estado y para estudiantes de tiempo completo fuera de Arizona en el campus Tempe de la ASU es aproximadamente de $12 mil.

La Propuesta 300 obliga a los inmigrantes sin residencia legal a pagar los gastos de enseñanza en universidades públicas del estado como residentes fuera del estado. También impide que los estudiantes reciban ayuda financiera que contenga fondos estatales, y obliga a las escuelas a informar dos veces al año a la legislatura estatal sobre el número de inmigrantes indocumentados que asisten a sus escuelas.

Otra exigencia de la Propuesta 300 es que los empleados públicos están obligados a denuncian al servicio de inmigración a aquellas personas indocumentadas que pidan beneficios sociales a los gobiernos estatal o municipales.