Gobernador sugiere eliminar el muro

NUEVO MÉXICO - El gobernador del estado de Nuevo México, Bill Richardson, sugirió que el nuevo Congreso de mayoría demócrata que asumirá en enero revoque la ley del muro y en su lugar apruebe una reforma migratoria que permita a algunos indocumentados regularizar su estadía en Estados Unidos y puedan alcanzar la ciudadanía.

Richardson expuso, en un discurso en la Universidad de Georgetown, Washington, que el primer paso que debería llevar a cabo el nuevo congreso elegido el 7 de noviembre, debería ser revertir la ley promulgada a finales de octubre por el presidente George W. Bush que ordena la construcción de un muro de 700 millas (1,126 km) en la frontera con México. "El Congreso debería abandonar totalmente la idea del muro", dijo el gobernador. En reemplazo de esa legislación, Richardson, quien milita en el partido demócrata y fungió como secretario de Energía durante la administración de Bill Clinton, presentó una iniciativa basada en cuatro puntos y que tiene como objetivo mejorar la regulación de la inmigración.

La propuesta, dijo, debe centrarse en asegurar la frontera, incrementar la inmigración legal, evitar patrones que contraten trabajadores indocumentados y permitir que aquellos que legalicen su permanencia puedan alcanzar la ciudadanía. Richardson dijo que el nuevo Congreso debería seguir el liderazgo del Senado.

"La nueva alineación política en Washington significa que el Congreso tiene la cifra de legisladores necesaria para aprobar el año entrante una reforma amplia a la ley de inmigración que sea autorizada por el presidente", dijo. "Tenemos una oportunidad histórica para resolver un problema que está desgarrando al país. No debemos dejarla pasar", apuntó. "Pero debemos entender que construir un muro en modo alguno conseguirá ese objetivo".

La construcción del muro surgió en diciembre de 2005 cuando la Cámara de Representantes aprobó una versión de reforma migratoria restrictiva (HR 4437), patrocinado por los republicanos), que entre otras medidas criminalizaba la estadía indocumentada, aceleraba las deportaciones y otorgaba poderes extraordinarios a las policías locales para detener extranjeros sin papeles de estadía.

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