Guerrilla reapareció en México

CIUDAD DE MÉXICO - El Ejército Popular Revolucionario (EPR), un presunto grupo guerrillero que se ha atribuido ataques a ductos de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) advirtió de la posible reanudación de acciones de "autodefensa" y de "hostigamientos" armados.

En un comunicado divulgado en un sitio de internet que suele colocar textos de organizaciones rebeldes latinoamericanas, el autodenominado Ejército Popular Revolucionario (EPR) señaló que debido a la desaparición de dos de sus miembros supuestamente detenidos por las autoridades, "tenemos todo el derecho de actuar en consecuencia". El EPR, un grupo que apareció públicamente en 1996, se adjudicó ataques a ductos de Pemex en julio y septiembre, en acciones que ha calificado de "autodefensa" ante la desaparición en mayo de dos de sus compañeros, a quienes identifica como Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

El gobierno del presidente Felipe Calderón ha negado que los haya detenido y desaparecido. "¿Qué quieren que se haga o se siga haciendo, el Estado, el régimen, Calderón, los militares, los empresarios, los partidos políticos, la mal llamada clase política, los medios de difusión para que ya sean presentados en libertad nuestros compañeros, porque ya es mucho tiempo transcurrido y no hay una respuesta real, concreta y favorable?", señaló el grupo en el texto, cuya autenticidad no ha podido ser verificada.

"Porque continuando con esa actitud tenemos todo el derecho de actuar en consecuencia con lo que nuestro pueblo exige", añadió. El EPR concluyó que "ante tanta agresión y agravio desde el Estado mexicano y su gobierno de ultraderecha el único camino que le queda a todo el pueblo que lucha por sus derechos establecidos en la Constitución es el hostigamiento y la autodefensa armada popular". El gobierno ha dicho que los ataques a las instalaciones de Pemex son actos de terrorismo y no de reivindicación social o política como los plantea el EPR, grupo al que consideran relativamente pequeño pero violento, cuyas acciones distraen los esfuerzos del gobierno para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, un problema que ha afectado en los últimos años al país.