Sin indocumentados,los precios subirían

NUEVA YORK - Para la mayoría de los trabajadores inmigrantes y patronos estadounidenses que visitan la agencia laboral El Centro Humanitario, en Denver, el acalorado debate nacional sobre inmigración no es un concepto abstracto. Es una realidad económica.

"Si la gente accede a pagar otros 20 mil dólares por su casa de 200 mil dólares, perfecto. Si no, vamos a tener que hablar seriamente sobre las consecuencias de expulsar a 12 millones de personas", advierte el contratista Chuck Saxton, quien suele emplear inmigrantes por una fracción del salario de obreros estadounidenses, en labores de construcción y renovación residencial.

Las consecuencias a las que se refiere Saxton para empresas, consumidores y trabajadores ilegales que proveen mano de obra barata, son innegables.

Ese detalle ha sido mayormente obviado por los legisladores que debaten diversas propuestas para legalizar la situación de los trabajadores extranjeros.

Pero, a pesar de las medidas que tomen, la dinámica de la economía basada en la inmigración ilegal será extremadamente difícil de cambiar, advierten los expertos.

"Si aprobamos una ley que incremente notablemente la aplicación de la ley sin permitir un mayor flujo legal de inmigrantes, los empleadores y los extranjeros indocumentados encontrarán la manera de burlarla", opinó Gordon Hanson, economista en la Universidad de California.

Si bien es difícil predecir exactamente qué pasaría como resultado de futuros cambios en la ley, la posición de Hanson se basa en experiencias previas.

En 1986, la última vez que el Congreso revisó las leyes migratorias, el tema fue tan candente y emotivo como ahora. La inmigración ilegal fue considerada una amenaza a la seguridad nacional.

Los críticos dijeron que los empleados no autorizados acaparaban empleos bien remunerados en Estados Unidos. Y se acusó a los extranjeros de aprovecharse de la generosidad de la nación, sobrecargando los beneficios sociales.

Al final, los legisladores decretaron amnistía para los trabajadores que ya estaban en el país, prometiendo reducir el flujo de nuevos inmigrantes. El Congreso ordenó a los empleadores exigir los documentos de los trabajadores, o de lo contrario enfrentar consecuencias legales.