La reforma migratoria, una discusión caliente

Junio será clave para muchos en los Estados Unidos: a partir de ese mes, republicanos y demócratas empezarán a discutir en el Congreso en Washington la redacción de un documento definitivo sobre reforma migratoria, algo que 12 millones de inmigrantes indocumentados han esperado por más de 10 años. Pero el camino es largo. Buscar el acuerdo podría tomar seis meses -como mínimo-, si se tiene en cuenta la solicitud del presidente George W. Bush de aprobarlo antes de que finalice el año en curso. Algunos pesimistas aseguran que no habrá acuerdo en 2007. Existen tres propuestas reformistas diferentes: la Casa Blanca impulsó la primera, mientras que republicanos y demócratas también tienen la propia.

El plan migratorio de Bush tiene el apoyo de algunos republicanos de centro y se basa en cinco temas. La seguridad fronteriza es el primero y más importante para el mandatario. El segundo es el alto a la contratación de jornaleros ilegales. El tercero contempla un plan de trabajadores temporales. El cuarto legalizaría a los inmigrantes sin status legal de permanencia. Y el último brindaría oportunidades a los recién llegados al país.

"El proyecto oficial de la Casa Blanca advierte la posibilidad de que los indocumentados tengan una visa de residencia temporal por tres años, a un costo de 3.500 dólares. Finalizado este tiempo, el indocumentado deberá ir a su país de origen e iniciar un trámite de visa de residencia y pagar posteriormente una multa de 10.000 dólares", señaló el senador Mel Martínez, republicano por Florida, quien es muy cercano al presidente. "El plan del presidente Bush también exige que los beneficiarios puedan demostrar que hablan inglés, que tienen un trabajo estable y que no han dejado de pagar impuestos", agregó Martínez. Las mayores diferencias entre las propuestas de los republicanos y los demócratas radican en las formas de solucionar el problema de los 12 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos. Los demócratas favorecen una vía de legalización escalonada que comience con una residencia temporal, luego la permanente y finalmente la ciudadanía; todo ello en un plazo no inferior a 15 años y mediante el pago de sanciones de hasta 5.000 dólares.

Los republicanos, por su parte, promueven el proyecto de ley Sensenbrenner, una vía de legalización más compleja y menos humanitaria, según afirman algunos de sus detractores, como Janet Murguía, directora de NCLR, el Consejo Nacional de La Raza, la organización más antigua de defensa de los inmigrantes hispanos en Estados Unidos.

Plan republicano

Según la líder comunitaria, el plan republicano prevé el pago de considerables multas -de hasta 10.000 dólares- y un complejo sistema para aplicar por la residencia que incluye la salida de Estados Unidos de todos los indocumentados. Además, los solicitantes deberían tramitar la green card o "residencia permanente" desde sus países de origen. "Esto fomentaría la separación de las familias, que es uno de los puntos más graves", sentenció la activista.

Para los miembros del NCLR la más viable de las propuestas es la bipartidista, impulsada por el representante demócrata por Illinois Luís Gutiérrez y el republicano por Arizona Jeff Flake, conocida como "Seguridad Nacional Mediante Inmigración Regularizada y Economía Fuerte 2007" (Strive), propuesta que tiene más quórum entre los demócratas moderados.