Redadas violan derechos civiles

WASHINGTON - El 12 de diciembre de 2006, día de la Virgen de Guadalupe, Pascual Talamantes se llevó la sorpresa de su vida y ha prometido hacer lo que pueda para que no se repita.

En realidad, está trabajando para que millares de otros trabajadores en Estados Unidos, como él de origen hispano, "no vivan mi amarga experiencia", dijo Talamantes el lunes cuando se presentó ante un panel no gubernamental, entre los cuales había dirigentes sindicales, que trata de evitar la violación de los derechos humanos en las redadas de inmigración.

Talamantes, de 33 años, había llegado antes de las 6 a.m. ese día de 2006 a su trabajo en la planta empacadora de carne Swift & Company de Grand Island, Nebraska, cuando agentes del servicio de inmigración y aduanas (ICE) entraron en busca de trabajadores indocumentados.

La redada abarcó seis estados donde opera la planta californiana y más de 12 mil fueron retenidos. En la planta de Nebraska cayeron centenares, quienes fueron inicialmente puestos en el comedor y de allí subidos a camiones policiales con destino desconocido.

"Los empellones, las esposas y las palabras soeces de los agentes de ICE me han producido un momento que llevo tatuado en el alma", dijo Talamantes, quien fue traído a Washington como testigo en una primera audiencia del panel, conocido como Comisión Nacional contra el maltrato y violaciones de derechos civiles de parte de ICE.

Talamantes nunca salió de la planta y fue liberado después de seis horas de retención en el comedor. Los agentes, dijo, no le creyeron que era ciudadano estadounidense, nativo de Albuquerque, Nuevo México.

"Desde entonces, cargo mi acta de nacimiento para mostrarlo si me arrestan otra vez por mi cara de hispano", afirmó Talamantes, quien ha vivido 18 años en México, la tierra de sus padres.

"A muchos de mis compañeros de trabajo ya no los he vuelto a ver", dijo.

El Departamento de Seguridad Interior (DHS) anunció que esa redada produjo 1,297 arrestos, de los cuales 274 fueron acusados penalmente, 1,023 fueron acusados de violaciones migratorias y 649 deportados.

Swift & Co. dijo que esa redada le costó entre $45 millones y $50 millones en el año fiscal 2007, una pérdida de la cual la compañía no pudo recuperarse y fue luego adquirida por la empresa brasileña J&F Participacoes S.A., la mayor empacadora de Sudamérica.

"Este es un escenario que pudiera venir de otra era, de alguna nación extranjera, en que los agentes del gobierno ingresan a los centros de trabajo y detienen a todos los trabajadores", dijo Joseph T. Hansen, presidente de la Comisión Nacional y del sindicato de trabajadores en la alimentación y comercio.

"Pero, no es así, está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos", añadió.

Dijo que esas redadas no pararán a menos que la sociedad se organice y proteste por las violaciones a los derechos civiles, lo cual era el propósito del panel, que elaborará informes al Congreso y el público en general sobre las audiencias como la concedida a Pascual Talamantes.