Mesa estudia la posibilidad de imponer sanciones a indocumentados

MESA (ARIZONA) - El tema de la inmigración ilegal centra el debate en EEUU y a semejanza de otra ciudades del país, en Mesa se estudia la posibilidad de aprobar medidas que penalicen a negocios y aquellos que renten viviendas a indocumentados. La ciudad de Mesa, que forma parte del área metropolitana de Phoenix, analiza la posibilidad de unirse a otras ciudades del país que han decidido tomar sus propias medidas para enfrentar el problema migratorio.

Los miembros del concejo municipal discutirán hoy la posibilidad de establecer una serie de ordenanzas en contra de la inmigración ilegal que van desde imponer multas a negocios que empleen indocumentados, hasta penalizar a todas aquellas personas que les renten una vivienda. También se analizará la posibilidad de establecer un programa de entrenamiento que permitirá a los agentes del Departamento de Policía de Mesa actuar como agentes de inmigración. "Yo creo que el nivel de frustración se encuentra a tal punto que sentimos que tenemos que hacer algo", dijo el concejal Kyle Jones, representante del distrito cuatro.

Por su parte, activistas y representantes de la comunidad hispana en Arizona han expresado su preocupación ante estas ideas, que aseguran que sólo fomentarán la discriminación contra los hispanos. En el pasado, la ciudad de Mesa ha sido fuertemente criticada debido al continuo acoso en contra de los jornaleros que utilizan las esquinas de las calles para conseguir trabajo.

"La policía constantemente nos vigila y por cualquier cosa nos detienen", dijo el jornalero mexicano José Duarte. El mismo jefe de la policía de la ciudad de Mesa, George Gascón, aseguró que pueden surgir varios problemas si la ciudad aprueba este tipo de medidas. En otras oportunidades, Gascón se ha opuesto a la idea de que sus agentes tengan funciones migratorias, ya que -asegura- no cuentan con los suficientes recursos para hacerlo.

Mesa es una de las ciudades de mayor crecimiento en los Estados Unidos, la tercera más grande del estado de Arizona, superada por Tucson y Phoenix. El tema de la inmigración ilegal ha servido para que el Legislativo estatal aprobara en 2005 la conocida ley anticoyote, que ha servido como base para que el alguacil del condado Maricopa, Joe Arpaio, comenzará a arrestar a indocumentados que pagan los servicios de traficantes, mejor conocidos como coyotes o polleros.

Hasta la fecha, Arpaio es la única autoridad en Arizona que ha implementado esta ley, y desde el pasado mes de marzo ha detenido a cerca de 300 indocumentados bajo cargos de conspiración. Mientras tanto, la oficina de la gobernadora de Arizona, Janet Napolitano, informó ayer que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) acordó estudiar nuevas guías para utilizar los fondos federales destinados a la seguridad fronteriza. Los fondos forman parte de "Operation Stonegarden", un programa federal que reembolsa a las agencias del orden en los condados fronterizos por los gastos derivados de la vigilancia. Hasta el momento, este dinero sólo ha servido para pagar las horas extras de los agentes policíacos a nivel estatal y local, por lo que la gobernadora solicitó que también puedan ser utilizados para la compra de equipos como radares y cámaras, entre otros.

El mes pasado, Napolitano anunció que Arizona recibirá 6.35 millones de dólares como parte de este programa federal.